¿Compromís en Sanidad?

La vertiente asistencialista de Compromís -vinieron a 'salvar personas', recuerden- hizo que rápidamente se pusieran al frente de los servicios sociales, con Mónica Oltra como figura visible en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Y una de sus primeras decisiones fue recortar, cuando no eliminar por completo, las ayudas y subvenciones que se daban a entidades volcadas con los más desfavorecidos, como el Banco de Alimentos. Era una manera de protagonizar la asistencia para que quedara claro quién la prestaba. Sin embargo, en ocho años, no han sido capaces de acabar con la lista de espera en dependencia ni crear un suficiente número de residencias públicas o de centros para niños con autismo, por poner algunos ejemplos.

Ahora aspiran a llevar Sanidad porque, como decía Joan Baldoví, alter ego de Oltra, quieren ser «el perejil de todas las salsas». Ponen como ejemplo el Hospital General de Castellón, puesto que son los responsables de que el nuevo centro cuente con habitaciones individuales. Todo un logro, sin duda. Dicen que quieren contratar a más médicos y enfermeros -no detallan cómo y, lo más importante, de dónde- y prometen un centro de especialidades a 30 minutos de cualquier domicilio del interior de la Comunitat...

Lo que no dicen igual de claro es que son los principales defensores de implantar el requisito lingüístico en la Sanidad pública, al igual que hicieron en su momento Cataluña y Baleares; medida que irremediablemente supondría serias limitaciones a la contratación de personal, especialmente facultativos.

En un mundo ideal, todo el personal que atienda al público, no sólo en Sanidad, dominaría las dos lenguas cooficiales de la región, incluso el inglés -¿por qué no?- para asistir al aluvión de turistas que visita cada año la Comunitat. Pero la realidad dice que, en un mundo cada vez más global, en un centro público valenciano podemos encontrarnos a un doctor de Orihuela, de Burgos o de Venezuela -de entre muchas otras procedencias-, puesto que la actual carestía de facultativos y la dura competencia para contratarlos (entre regiones, entre países y con el sector privado) hace inviable cualquier restricción que no sea contar con la formación especializada adecuada para cada caso y acreditada. Implantar la obligación de dominar el valenciano ahuyentaría a buena parte de los profesionales que tienen varias ofertas sobre su mesa. Tampoco sería de recibo que un médico mediocre -que los hay- que sepa valenciano tenga más fácil conseguir una plaza de neurocirujano que el mejor especialista en la materia que, por sus circunstancias, no haya obtenido -ni lo tenga en mente- un título lingüístico que no se exige en la mayor parte de España.

«Pero es que yo tengo derecho a ser atendido en valenciano», argumentan los más fervientes seguidores de Compromís. Sí, pero no... Existe el derecho a recibir una asistencia sanitaria pública y de calidad sin que nada ponga en riesgo lograr este objetivo.