Un día negro para España

Conviene fijar algunas posiciones desde el primer momento para no caer en la trampa que los firmantes del pacto PSOE-Junts tienden a lo largo del tortuoso camino que culminará la semana que viene con la elección de Sánchez como presidente del Gobierno. En primer lugar, la amnistía acordada por socialistas y secesionistas no es comparable a la que se aprobó en 1977, a los dos años de la muerte de Franco. En aquel momento se trataba de pasar página para empezar un tiempo nuevo. Una dictadura de cuarenta años, tras una cruel Guerra Civil, daba paso a una democracia. Había que olvidar lo anterior, poner el contador a cero y sumar todos los esfuerzos posibles. Y además, esa amnistía era una reivindicación popular, mayoritaria, sentida por gran parte de la población. Que en las manifestaciones de Valencia, sin ir más lejos, coreaba «Llibertat, amnistía y Estatut d'Autonomía». Aquel deseo colectivo no tiene nada que ver con lo de ahora, ni en el conjunto de España ni siquiera en Cataluña, donde la división en dos bloques es tan evidente.

En segundo lugar, tras la pérfida aministía a todos los implicados en el llamado 'procés', entre 2012 y 2023, incluyendo a los encausados por delitos de terrorismo, lo que se esconde de forma vergonzante es el desmedido afán de poder del PSOE de Sánchez. En las elecciones del 23 de julio no obtuvo respaldos suficientes para mantenerse en la Moncloa, por lo que ha recurrido a este pacto indigno con tal de prolongar el Gobierno al precio que sea. Aceptando el relato independentista, permitiendo que vuelvan a España quienes se fugaron para no responder ante la Justicia, admitiendo la figura de un mediador internacional como si nos encontráramos ante un conflicto armado y dejando la puerta abierta a un referéndum de autodeterminación.

Y todo por el poder. No es éste, como algunos propagandistas del sanchismo tratan de vender, un pacto «de progreso». No lo puede ser cuando al otro lado de la mesa se sientan partidos profundamente insolidarios, supremacistas incluso, que buscan la ruptura nacional y celebran cualquier avance que permita la demolición de la estructura estatal. Por el contrario, es un pacto que avergüenza, o debería hacerlo, a cualquier militante socialista y, desde luego, a sus votantes. En el otoño de 2017, España superó la dura prueba del desafío secesionista al que le sometieron los partidos que ahora se van a beneficiar de la irresponsabilidad sanchista. Lo hizo porque funcionaron sus instituciones, empezando por la Corona y siguiendo por los tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Y porque la sociedad española respaldó la actuación del Estado de derecho. Todo ese sistema, democrático y eficaz, es de repente no sólo cuestionado sino abiertamente vulnerado, rendido ante un independentismo vencedor, que a partir de ahora se siente legitimado para volver a intentar la ruptura. Gracias a la validación que le ha aportado Pedro Sánchez con tal de poder continuar siendo presidente. A cualquier precio.