Sobre las listas de espera

Las listas de espera, como problema sanitario, tienen un componente político de primer orden, porque su impacto afecta directamente a la salud y bienestar de las personas. Sin embargo, el manejo de su tratamiento tiene una dimensión estrictamente técnica, donde las ideologías partidistas tendrían que pasar a segundo plano, para dejar la competencia de las listas de espera en manos de profesionales expertos y especializados, de tal manera, que la decisión política estuviera supeditada a la razón, al conocimiento y a la evidencia científica.

Nos fijamos mucho en los criterios cuantitativos de las listas de espera, que son importantes, pero conviene detenerse también en analizar los aspectos cualitativos del problema que son los que encienden alarmas de preocupación en la sociedad. Cuando se anuncia que hay decenas de miles de pacientes que están esperando una intervención quirúrgica o que tardan algunos meses para acceder a pruebas diagnósticas o tratamiento, la noticia suele tener un impacto político entre la opinión pública que pone de manifiesto, un funcionamiento incorrecto de la sanidad que no es tolerable. Pero junto a ello, la otra realidad que deben saber los ciudadanos, para su tranquilidad, es que esta disfunción no se produce para tratar las patologías graves; que las listas de espera en la sanidad pública son prácticamente inexistentes, cuando se trata de enfermedades que ponen en riesgo la vida de las personas.

Esta dicotomía asistencial de realidades y apariencias hace ineludible que, desde la administración, se imponga la necesidad de elaborar unas guías que determinen con claridad y transparencia, los plazos y las garantías necesarias para responder adecuadamente y con los criterios de calidad, a cada uno de los procesos patológicos.

Es evidente que los recursos sanitarios públicos no tienen capacidad, por sí solos, para equilibrar las entradas y salidas de las propuestas asistenciales, diagnósticas y de tratamiento que se producen y, esta situación tan simple de explicar, pero al mismo tiempo tan compleja de solucionar por la cantidad de parámetros que inciden en ella, es lo que, en esencia, provocan la demora asistencial en las tres esferas expuestas.

En las listas de espera hay muchas patologías que, si bien, no ponen peligro la vida del paciente, provocan una incapacidad manifiesta para poder realizar su trabajo habitual, y estas bajas laborales prolongadas en el tiempo por falta de diagnóstico y tratamiento, le cuesta muchos millones de euros a todos los españoles. Resulta sorprendente que, desde los poderes públicos, no se haya realizado un planteamiento global de evaluación de la situación, que no se haya diseñado una verdadera coordinación en la acción de gobierno cuando los problemas afectan a diferentes de departamentos ministeriales, y que lejos de cualquier sumisión ideológica, no se pongan al servicio de los ciudadanos todos los recursos sanitarios disponibles que permitan atajar el problema.

Pero ante un conflicto de esta envergadura, los escenarios de relación asistencial no pueden ser improvisados. Los diferentes actores que intervienen en los procesos deben de tener un marco de colaboración sincero y estable en el tiempo, unas normas de juego claras, concluyentes, que conformen una seguridad jurídica y permita planificar correctamente la toma de decisiones a largo plazo.

Ante ello, debemos reflexionar todos. Los políticos para que entiendan que su mayor responsabilidad es facilitadora, para dotar de fondos y medios suficientes a la sanidad para mantener la sostenibilidad del sistema y garantizar una atención de calidad; los profesionales y gestores para que, desde el compromiso, aporten conocimiento y colaboren aportando propuestas eficaces y eficiente que agilicen verdaderamente las listas de espera; y los ciudadanos para que comprendan y ponderen el valor intrínseco de un sistema de salud en riesgo, cuya vitalidad hay que cuidar, apoyar y salvar necesariamente.