Desbloqueo al fin

Era motivo de sonrojo y casi de escándalo. Hasta el punto de que ha tenido que mediar la Unión Europea para lograr lo que parecía imposible, el acuerdo entre los dos grandes partidos españoles, el PP y el PSOE, de cara a la renovación de ... un Consejo General del Poder Judicial cuya composición había quedado desfasada. Ambas formaciones han tenido que ceder; los populares para acceder a lo que, por otra parte, estaban constitucionalmente obligados, la sustitución de consejeros que habían superado con creces el tiempo en el cargo; los socialistas, al aceptar un cambio en la forma de elección de los miembros del alto organismo, cediendo a los jueces buena parte de la decisión sobre quiénes deben ser sus representantes. Las críticas que llegan a un lado y otro del espectro político, desde Podemos a Vox, muestra que nos encontramos ante un pacto de Estado, el primero al que llegan PP y PSOE con Pedro Sánchez en la Moncloa. Un presidente que en su última investidura habló de levantar muros, no de tender puentes, por lo que a nadie debe extrañar que la cultura del acuerdo no haya ganado enteros en estos últimos años, más bien todo lo contrario. El compromiso alcanzado para presentar una proposición de ley orgánica que «reforzará la independencia del Poder Judicial» no es una cuestión menor o secundaria sino el eje central sobre el que ha girado la negociación protagonizada por el ministro Félix Bolaños -en nombre del Gobierno y del PSOE- y el eurodiputado valenciano Esteban González Pons -en el del PP-. Porque de lo que se trata es de alejar a los jueces del intento de control político que de una manera tan diáfana se ha evidenciado en estos últimos meses, cuando las causas y los pronunciamientos judiciales han empezado a asediar a Pedro Sánchez o a entorpecer su estrategia de blanqueamiento de los independentistas catalanes, necesaria para mantenerse en la Moncloa con los escaños de Junts y de ERC. El Consejo General no podía seguir en la situación de interinidad en la que se encontraba desde hacía cinco años, con el perjuicio que causaba a la renovación de toda la estructura judicial. Pero, a su vez, tampoco se podía mantener por más tiempo un sistema que en la práctica convertía este organismo en una pequeña cámara de representación política, cuando su origen era el de servir a la independencia judicial. El desbloqueo, tardío y costoso, devuelve a España a la normalidad institucional.