EDITORIAL | Salomé Pradas: situación insostenible

Desde el primer momento, desde que se empezó a tener constancia de la magnitud del desastre que se había cernido sobre la provincia de Valencia, LAS PROVINCIAS ha reclamado –casi suplicado– que se aparcara el enfrentamiento político y se centrara todo en la atención a las víctimas. De las que aún hoy, once días después de la tragedia, no sabemos su número exacto, al continuar las labores de búsqueda de cadáveres. Pero la polarización que vive España ha impedido este ejercicio de responsabilidad, por lo que las hostilidades entre instituciones, dirigentes y partidos se desataron al día siguiente de que la DANA arrasara pueblos y polígonos. Y no parece que vaya a rebajarse la intensidad de la confrontación. El Gobierno y el Consell tratan de eludir posibles culpas en la gestión tanto de la prevención de la riada como de la respuesta una vez ocurrida, apuntando al otro. Y así, mientras desde la Administración autonómica se quejan por la labor de AEMET y, sobre todo, de la Confederación Hidrográfica del Júcar –que no habría avisado con suficiente antelación del desbordamiento del barranco del Poyo–, desde la Administración central insisten una y otra vez en que la gestión de las emergencias corresponde a la Generalitat y que lo que hizo el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez es ponerse a disposición del Consell y ofrecer los servicios que requiriera. En este clima de tensión política, que acaba trasladándose a la ciudadanía y que tuvo su mayor expresión de descontento popular con los graves incidentes del domingo en Paiporta, ha trascendido que hasta en tres ocasiones llamó la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en el fatídico 29 de octubre para ofrecerle medios ante una situación meteorológica que ya estaba provocando gravísimas incidencias en Utiel. Ayuda que desestimó. No sólo eso, sino que ha negado que se produjera tal ofrecimiento. Una versión que al poco fue desmentida por una grabación de una reunión celebrada a las 12,45 de ese mismo día, en la que informa de que la UME (Unidad Militar de Emergencias) se había puesto a disposición «para desplazarse allí». Pero si esta contradicción en su relato ya deja a la consellera en una posición incómoda, su declaración –que posteriormente rectificó– acerca de que no conocía el sistema de alarma a través de los teléfonos móviles que no se activó hasta pasadas las 8 de la tarde, cuando ya era demasiado tarde, es demoledora. Porque muestra a una persona al frente de un departamento muy sensible –el que se ocupa de las emergencias– sin el conocimiento de las herramientas y los procedimientos a su servicio. Transmitiendo una sensación de falta de pericia que con más de 200 muertos en la morgue resulta completamente inaceptable. Ni a la hora de avisar a los ciudadanos del riesgo que corrían ni a la de responder de manera rápida y eficaz una vez se desencadenó la hecatombe, Salomé Pradas y su equipo –empezando por el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso– han estado a la altura de lo que exigía un desafío tan complejo. Sus errores de cálculo y de apreciación del peligro, sus silencios en los primeros días  tras el paso de la DANA y, finalmente, sus contradicciones en la versión de los hechos, ponen a la consellera de Justicia e Interior en una situación insostenible. En la que, con toda seguridad, no va a poder mantenerse mucho tiempo. Depende del presidente Mazón pero cuanto más tarde en actuar, meditando tal vez el efecto que un cese puede tener sobre su Consell y sobre él mismo, mayor va a ser el daño y el desprestigio para el Ejecutivo que preside.