Sociedad movilizada, Administración bloqueada

Era emocionante contemplar las imágenes de cientos de jóvenes, y no tan jóvenes, caminando hacia algunos escenarios de la zona cero de la tragedia que ha asolado Valencia. De manera espontánea, organizándose en pequeños grupos, cargados con palas, escobas y fregonas para retirar barro y limpiar, se dirigieron hacia las localidades afectadas por la brutal DANA. Hasta aquellas a las que se puede llegar, puesto que el acceso a varias localidades sigue siendo imposible. A través de todo tipo de entidades y colectivos, o simplemente reuniéndose unos cuantos amigos, compañeros o vecinos, los valencianos, la sociedad civil valenciana, dio ayer un extraordinario ejemplo de solidaridad y de movilización.

El desastre ha sido de tal magnitud que nadie puede pretender quedarse al margen de lo que sucede a pocos kilómetros de su vivienda. La protección del nuevo cauce del Turia convirtió a Valencia en una burbuja en la que sus habitantes asistían a la hecatombe que se desarrollaba en su propia área metropolitana sin verse directamente afectados. En la festividad de Todos los Santos, que ahora se combina con la celebración importada del popular Halloween, era posible ver a personas disfrazadas como si nada hubiera pasado mientras en los bajos del estadio de Mestalla se acumulaban montañas de ropa y alimentos, fruto de la solidaridad de miles de valencianos. Una corriente de colaboración y ayuda que llega también de otras partes de España.

Era emocionante, decíamos, pero a la vez resultaba tremendamente frustrante. Porque la sociedad civil está teniendo que tapar los tremendos agujeros que ha dejado la Administración pública. Completamente superada e incapaz de reaccionar con prontitud y eficacia ante un desastre natural del que aún es imposible saber el número exacto de víctimas mortales. No es una cuestión de ideologías, del aburrido partidismo electoralista al que nos han acostumbrado los representantes políticos. Es de sensatez, de sentido común. Es totalmente inexplicable que unas Fuerzas Armadas con unos 120.000 efectivos apenas envíen un millar de ellos -los esforzados integrantes de la Unidad Militar de Emergencias-. Y que haya que esperar hasta tres días después para solicitar una nueva remesa de 500 soldados más.

Completamente insuficiente para las necesidades de mantenimiento de la seguridad, auxilio a la población, evacuación de mayores y enfermos, restablecimiento de infraestructuras, limpieza y desescombro. Y no tiene ni pies ni cabeza que la ministra de Defensa afirme que el Ejército aportará sus 120.000 hombres «si fuera necesario». Lo es, desde el primer día, desde el martes por la noche. Pero las autoridades responsables se enzarzan y entretienen discutiendo de quién es la culpa, cómo se debe activar el protocolo, a quién corresponde la responsabilidad de la movilización. Una ceremonia de la confusión que distrae de lo principal: todos los activos personales y materiales del Estado a través de sus distintas administraciones deberían haberse puesto a disposición de los ciudadanos desde el primer momento.

Cualquier otra variante es un fracaso colectivo, una evidencia de un mal funcionamiento de la estructura del Estado de las autonomías, de su distribución competencial. No puede ser, aunque produzca una incontenible emoción en medio de tanta muerte y destrucción, que la sociedad civil tenga que sustituir a unos poderes públicos agarrotados por protocolos claramente ineficaces. Lo único positivo que puede extraerse de tanta insolvencia, aparte del grandioso espectáculo de la riada humana cargada de escobas y palas, sería que la inmensa tragedia sirva de punto de inflexión.