EDITORIAL | Una grave irresponsabilidad

Durante cinco días, el presidente del Gobierno ha sometido a España a una insólita incertidumbre acerca de su continuidad en el cargo. Para, finalmente, anunciar que se queda, que no dimite. Las informaciones relacionadas con su mujer, Begoña Gómez, y la apertura de diligencias por un juzgado madrileño llevaron al líder socialista a tomar esta inesperada medida de «parar y reflexionar», aparcando su agenda pública y provocando un terremoto político cuyas réplicas están lejos de haber acabado. Y aunque en las últimas horas se daba por hecho que iba a arrojar la toalla, Pedro Sánchez ha vuelto a dejar constancia de que su afán por mantenerse en la Moncloa está por encima de cualquier otra consideración. Incluso, visto lo visto, de las más personales.

Dice Sánchez que en su decisión de seguir ha pesado mucho la «movilización social» de estos días. Un argumento que resulta poco creíble si nos atenemos a las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno en Madrid, que estimó que el sábado fueron unas 12.000 las personas que se congregaron alrededor de Ferraz, la sede socialista, y 5.000 las que salieron a la calle el domingo, en sendas manifestaciones poco numerosas cuando se apelaba a que la era la democracia lo que estaba en peligro. Concentraciones muy inferiores a las que consiguió el PP contra la ley de amnistía y que, sin embargo, no llevaron al líder socialista a reconsiderarla. Y también afirma que tanto su mujer como él saben que «el acoso» no va a cejar. Razón más que suficiente para no haber llevado al país a esta situación de indefinición.

Se escuda el presidente del Gobierno para justificar el periodo de reflexión en «los ataques indiscriminados» a su familia y en «las mentiras groseras» que ha tenido que padecer, como si semejante tortura fuera exclusiva de este caso, como si nunca hubiera ocurrido algo semejante o peor. Por contra, la lista de agraviados por informaciones falsas y por campañas orquestadas es muy larga y abarca a otros dirigentes de la izquierda pero también, por supuesto, de la derecha. El mismo Pedro Sánchez que ahora denuncia «el sufrimiento injusto de las personas que más quieres» ha sido partícipe de intervenciones en sede parlamentaria de dudosa moralidad contra la pareja de Alberto Núñez Feijóo. O contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y su partido, el PSOE, que hoy se presenta como el abanderado de la limpieza democrática, no es ajeno al señalamiento de rivales políticos que fueron perseguidos y llevados ante los tribunales con o sin motivo, y que en muchos casos quedaron libres tras sufrir años de hostigamiento y de desprestigio.

Sánchez se ha victimizado, a él y a su mujer, como si fueran los únicos mártires de la perversa judicialización de la política. Un proceso que comenzó hace años y que la izquierda no dudó en emplear de manera abusiva contra figuras como el expresidente Francisco Camps o la exalcaldesa Rita Barberá. El secretario general del PSOE perdió ayer una oportunidad histórica para llevar a cabo una reflexión auténtica, que no puede circunscribirse a su caso. Los bulos, la difamación, el linchamiento en las redes sociales, la estrategia del todo vale, no es patrimonio de nadie, no afecta sólo a su partido, sino que envilece la política española en su conjunto. Tras este número circense de Pedro Sánchez, el riesgo evidente es que él y su Gobierno -sostenido con partidos rupturistas que quieren acabar con la Constitución del 78- opten por aprobar una batería de medidas que traten de amordazar a los medios de comunicación críticos con el sanchismo y de meter en cintura a los jueces que se limitan a hacer su trabajo. Más populismo.