Secciones
Servicios
Destacamos
En la interminable campaña electoral por la que, con o sin citas con las urnas, transita la política española, el Gobierno se ha lanzado en tromba contra las nuevas normas autonómicas que han anunciado algunos gobiernos regionales gestionados por el PP, en coalición con Vox, ... y que vienen a enmendar la polémica ley de memoria democrática que aprobaron socialistas y comunistas, así como nacionalistas e independentistas.
La ofensiva tiene más de réplica a las iniciativas que en los foros europeos han planteado los populares españoles contra la ley de amnistía que de respuesta fundada a los argumentos históricos que justifican una legislación como la que tiene en agenda el Consell de Carlos Mazón. Porque si nos atenemos al contenido de esta norma, resulta incomprensible que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se muestre tan beligerante y haga de este conflicto un asunto de trascendencia allende nuestras fronteras. Que la Generalitat Valenciana amplíe el catálogo de las víctimas a las que lo fueron en el periodo anterior a la Guerra Civil, entre la proclamación de la Segunda República en 1931 y el inicio de la contienda en 1936, y que también incluya a los caídos a manos de los terroristas no debería ser objeto de una agria controversia política si no fuera porque la sociedad española asiste a un constante combate entre dos bandos irreconciliables que no parecen dispuestos a llegar a ningún acuerdo con el oponente.
Todas las víctimas merecen ser incluidas en las leyes memorialistas, sin distinción ni sesgo ideológico. Salvo que desde una parte del arco parlamentario se pretenda patrimonializar la verdad histórica, una tentación en la que es evidente que ha caído el Gobierno. Superar las huellas de un pasado traumático precisa de un ejercicio de generosidad por todas las partes. Como el que demostraron tanto los herederos del franquismo como los partidos de izquierdas (el PSOE y el PCE) en una Transición que en este sentido fue modélica. Por contra, hacer de la historia un campo de batalla para confrontar con un adversario señalado como enemigo de la democracia, debilita las instituciones y alienta los populismos más irresponsables. El Ejecutivo central va a tener que dar muchas explicaciones en Europa de por qué se molesta tanto ante una ley que únicamente trata de reconocer a todas las víctimas. Y si es que acaso las hay de primera y de segunda categoría. Que es tanto como decir que su memoria es muy selectiva.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.