Nuestras malogradas señas de identidad

Me sorprendió el poco interés que para los de Abascal tenía el Derecho Civil Valenciano como seña de identidad propia de la Comunidad Valenciana. Abogado ... en ejercicio y docente universitaria, Vox me propuso en junio de 2023 la cartera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, y acepté. Era una de las tres Consellerías que mantenía en el Consell de coalición con el PPCV hasta que fui cesada en julio de 2024 por el Presidente Carlos Mazón, momento en el que decidieron abandonar los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en España. Decisión que acaté, aunque no la compartía.En el primero de los 50 puntos del acuerdo PPCV-Vox, suscrito en junio de 2023, se encontraba la defensa de las señas de identidad propias de la Comunitat. Y sin lugar a duda, entre ellas se encuentra el Derecho Civil Valenciano. Cuál fue mi sorpresa cuando esa competencia, que siempre había estado ubicada en la Conselleria de Justicia, había desaparecido del organigrama y recalaba en la Presidencia del Consell. Pregunté y se me dijo que Vox no estaba interesado en ella, sino más bien todo lo contrario. Me alegré mucho cuando en julio del 2024, volvió a formar parte de las competencias de Justicia de dónde nunca debió salir. El Derecho Civil Valenciano, que tiene sus orígenes en el Derecho Foral, fue abolido por los Decretos de Nueva Planta (1707-1716). Tuvimos que esperar a nuestro Estatuto de Autonomía en 1982 y a su reforma en 2006 para recuperarlo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TCE) en 2016, anuló varias leyes de la Generalitat que lo desarrollaban, entre otras, la que regulaba el régimen económico matrimonial al considerar que no era constitucional. De esta forma, el Alto Tribunal ha ido delimitando el alcance de las competencias autonómicas en esta materia y ha establecido criterios para determinar la validez de las normas de origen foral. Jurídicamente, una de las cuestiones más controvertidas ha sido la determinación de qué instituciones y normas pueden considerarse como Derecho Civil Foral y, por ende, ser objeto de conservación y desarrollo por parte de la Comunidad Valenciana. He ahí el debate.Juristas y políticos valencianos han acusado al TCE de invadir competencias autonómicas y de imponer una visión centralista del Derecho Civil. También se ha cuestionado su falta de sensibilidad hacia las particularidades jurídicas, culturales y sociales de la Comunidad Valenciana. Se argumenta que no ha tenido en cuenta la voluntad de los valencianos de mantener y desarrollar su propio Derecho Civil. Ante esta situación, su futuro es incierto. La Comunidad Valenciana se enfrenta al reto de encontrar un equilibrio entre la conservación de sus tradiciones jurídicas y el respeto a la Constitución y a la doctrina del Constitucional. En 2020, las Cortes Valencianas aprobaron con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto VOX y el extinto Cs, una proposición de ley que pedía reformar la Constitución para restituir y recuperar el Derecho Civil Valenciano. El texto se remitió al Congreso aprovechando la reforma de 2024 que modificó el artículo 49 de la CE, de manera que la Comunitat Valenciana pudiera hacer uso de su Derecho Civil tal como sí se reconoce en el Estatuto. Sin embargo, no prosperó la iniciativa. ¿Qué alternativas posibles quedan para su restitución y recuperación?Una podría ser la modificación del Estatuto de Autonomía como Ley Orgánica para reforzar las competencias de la Comunidad Valenciana en materia de Derecho Civil. Esta opción requeriría un amplio consenso político y social para iniciar el proceso, y no está exenta de dificultades en la actual Legislatura de Cortes Valencianas cuando la mayoría necesaria no es posible por la reiterada negativa de Vox. También la oposición del PSPV y Compromís no ha mostrado mucho interés si tiene que llegar a un acuerdo con el PPCV. Además, hay que recordar que en su día Rodríguez Zapatero fue el que recurrió ante el TCE en contra, como nos han recordado estos días Juristes Valencians con motivo de su visita a Xàtiva acompañado por Ximo Puig.Otra alternativa sería la elaboración de un nuevo texto legal que recoja las instituciones y normas del Derecho Civil Valenciano que cuenten con el respaldo del TCE. Esta labor requeriría un riguroso análisis histórico y jurídico, así como un amplio debate social. En cualquier caso, el futuro del Derecho Civil Valenciano dependerá de la capacidad de los valencianos expresada en las urnas para defender sus particularidades jurídicas y culturales, y de la voluntad del Estado para reconocer y respetar la diversidad normativa en España. Se trata de una tarea llena de apasionantes dificultades políticas y jurídicas que me hubiera gustado afrontar en mi etapa de consellera de Justicia pero a Vox no le interesaba. Extraño fenómeno, cuando presume siempre de defender las señas de identidad valencianas.