Frente común por la financiación

A nivel local, la Comunitat Valenciana se juega, entre otras cosas, la financiación. Tras la condonación de 15.000 millones en el pacto de investidura, Aragonès se ha venido arriba y pide para Cataluña el «cupo», es decir, un modelo de financiación muy ventajoso, similar al que la Constitución fija para el País Vasco y Navarra, que recaudan sus impuestos y devuelven un «cupo» pactado al Estado. Tanto Junts como el PSC se han desmarcado de la propuesta. Illa por razones de partido, aunque apoya mejoras. Junts apuesta por la República (difícil saber cuánto supone en euros en la práctica).

El sistema de reparto interterritorial propuesto por Zapatero y aprobado 2009 benefició, sobre todo, a Cataluña. Votaron en contra Galicia, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Melilla, la mayoría del PP. Cataluña ingresó con el cambio más de cuatro mil millones de euros adicionales en 2012, el 36% de los fondos disponibles. La Comunitat Valenciana, en cambio, resultó como todos sabemos, muy perjudicada. Resumiendo, estamos a la cola en el reparto de fondos per cápita, lo que se tradujo, en 2022, en más de 600 euros por habitante, en negativo, frente a Cantabria. Cerca de la mitad del déficit actual de la Comunitat -estimado en más de 50.000 euros- se debe a la infrafinanciación que incide, además, en los gastos por la deuda. De aplicarse lo exigido por Aragonès, peligrarían el equilibrio interregional y los servicios públicos de algunas regiones. Algo se huele el socialista García-Page, claro damnificado, cuando reclama de nuevo, por escrito, garantías de financiación para Castilla-La Mancha. En la Comunitat, Carlos Mazón ha pedido avances a la ministra Diana Morant, cabeza del PSPV; su portavoz, Ruth Merino, cuentas por la deuda histórica y 360 millones pendientes desde enero. Hace falta como nunca antes un frente común.