El séptimo samurai

El artículo 51 es, por si no lo saben, un clásico de la legislación española. Google, al borde de la jubilación a los 25 por culpa de los advenedizos chats de la IA, los recita sin problema: el artículo 51 del estatuto de los trabajadores hace referencia al despido colectivo; el artículo 51 de la Constitución Española de 1978 se centra en la protección y amparo del consumidor y usuario; el artículo 51 del Código Civil español hace referencia a la forma de celebración del matrimonio.

El artículo que falta en el pacto del gobierno nacido tras el 28M hace referencia a las políticas sobre terrorismo, la memoria y las víctimas. El terrorismo ha dejado en la Comunidad Valenciana y entre los valencianos, hasta ahora, 34 víctimas mortales, 25 de ellas a manos de ETA. En la playa del Postiguet. En Muchamiel. A las 10. 20, en Blasco Ibañez. Varios de ellos sin resolver todavía. El artículo 51 es de justicia. Basta recordar las asombrosas declaraciones del Delegado del Gobierno en Madrid sobre lo mucho que ha hecho Bildu por el país, que han hecho las delicias de Otegi.

Pedro Sánchez ha sido un lastre para Puig, que se ha ido sin resolver una sola de las reivindicaciones históricas. Pero en materia de terrorismo la Conselleria de Bravo ha desarrollado en los últimos años políticas pioneras en educación y terrorismo, que no pueden quedar en un cajón.

Los alumnos valencianos escucharon en las aulas las voces de las víctimas y viajaron en autobús hasta el Centro Memorial del Terrorismo, en Vitoria. Sus profesores se formaron con los materiales del proyecto educativo Memoria y Prevención del Terrorismo, para poder transmitir los efectos de la violencia a los adolescentes valencianos. Hay que armar a los herederos de una generación rota por la violencia frente a las visiones sesgadas e interesadas de la historia reciente, que buscan ocultar, especialmente, el sangriento papel de ETA a lo largo de la democracia española.