La trampa del cupo catalán

La cifra de receptores del Ingreso Mínimo Vital, con ser alta, es solo la punta del iceberg. El riesgo de pobreza y exclusión es mucho mayor, porque solo una pequeña parte de los afectados recibe esa ayuda extra. En realidad, los afectados suponen el 26% de la población -es decir, a unos 12 millones de personas- según el último informe de la European Anti-Poverty Network. Además, un 12% de los niños y adolescentes en España vive en condiciones de carencia social y material severa. Una realidad que expuso con crudeza la pandemia, cuando la enseñanza en línea reveló la falta de ordenadores e internet en muchas familias.

En la Comunitat Valenciana, han recibido el IMV 293.076 personas. Por provincias, Valencia lidera con 135.126 perceptores, seguido de Alicante (122.122) y, a distancia, Castellón (35.828); de ellas, 128.711 son menores, según el Ministerio de Inclusión. Solo Andalucía nos supera, con más de 800.000 perceptores: la comunidad andaluza está a la cabeza en riesgo de pobreza. Cataluña, cuyas exigencias económicas para mantener el apoyo a Sánchez han fracturado el principio de solidaridad, ocupa en cambio el tercer lugar con 266.817 perceptores. Sin duda, el cupo catalán tendrá un elevado coste social, ya que la desigualdad generada por este concierto, exigido por los independentistas, impactará especialmente en los sectores más vulnerables: la Comunitat Valenciana con más perceptores que Cataluña, se sitúa 8 puntos por encima en riesgo de pobreza y exclusión. El semblante del presidente Mazón tras su reunión con Pedro Sánchez el viernes lo decía todo: «Pero ¿quién me mete en cosas de seso, y en hablar de veras en aquestos tiempos?». El concierto catalán se negoció y blindó en clave política, porque abre la puerta de La Moncloa. Todo cuenta y la lista de agravios es larga. Pero defender la justicia social, gravemente afectada por el pacto, es irrenunciable: la llave maestra.