Sánchezgate

Cicerón había conseguido desmontar la Conspiración de Catilina, un intento de golpe que puso en peligro la República. Tiempo después, cuando Clodio llegó al poder, en venganza contra Cicerón, promovió leyes «a medida» para perseguirlo, movilizó masas populares para desacreditarlo (ahora usan las redes sociales) y, finalmente, hizo que Cicerón huyera al exilio mientras su casa era saqueada. Fue una campaña de destrucción política, donde hubo un claro abuso del poder para destruir a un rival político.

En la España actual, el sanchismo sigue esta misma estrategia. Es el caso del fiscal general del Estado y las filtraciones de datos confidenciales -presuntamente por el propio Álvaro Garcia Ortiz- para destruir a Isabel Díaz Ayuso, la obsesión política de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ha llamado a declarar la semana que viene -el miércoles 29- al Fiscal General, ¡como imputado! por los «hechos delictivos» (dice el auto del Supremo) presuntamente llevados a cabo por García Ortiz, en coordinación con la Presidencia del Gobierno.

El uso ilegal de las instituciones no sólo recuerda las tácticas despiadadas de Clodio contra Cicerón. La filtración de datos reservados es un delito que evoca no solo las vendettas personalistas de Clodio, sino también uno de los mayores escándalos de la política moderna: el Watergate. En 1972, la administración Nixon se vio involucrada en un caso que comenzó con el espionaje a la sede del Partido Demócrata y culminó con el uso de recursos del Estado para encubrir la trama. Las similitudes con nuestro presente están claras: el uso del aparato estatal para obtener ventajas políticas, la filtración de información sensible y el intento de destruir al rival político. Como Clodio, como Nixon, Sánchez no tiene límites (ni escrúpulos) en la instrumentalización del poder.

Pedro Sánchez hace un uso permanente de las herramientas del Estado para mantenerse en el gobierno y prioriza la destrucción del adversario sobre cualquier principio ético o sobre la búsqueda del bien común (ahí está por ejemplo, el problema de la vivienda y ya lleva casi 6 años gobernando). En su táctica, la política del escándalo se convierte en la norma, pero el desgaste del sistema es el precio que pagamos todos.

Esta semana empieza con otro, el asalto a Telefónica, una de las principales empresas de España, por el Gobierno. Es una vuelta atrás, un regreso al intervencionismo en las empresas. Lo peor que puede pasarnos es acostumbrarnos a la política del escándalo de Sánchez. ¿Cuál será el siguiente Sánchezgate?