El refrito de la LOMLOE

La Ley Celaá no define el número, denominación y ubicación de lenguas, dialectos y subdialectos en el territorio español susceptibles de ser también vehiculares. El paisaje no está ocupado sólo por el castellano, catalán, gallego y euskera; Asturias o Aragón exhibirían sus bables o fablas como lenguas propias. Valencia ya lo está haciendo con el valenciano, teniendo que competir con la variante catalana. Siguiendo un criterio poblacional, en la Costa Blanca, en Baleares o la Costa del Sol deberían declararse el inglés, el francés y el alemán lenguas oficiales y obligatorias. En Alfaz del Pi serían el noruego y el holandés los idiomas preferentes. En otras zonas, el árabe mostraría su verdadera naturaleza y potencia.

No podía faltar en el texto de la LOMLOE la coletilla «perspectiva de género». Se nota la mano del lobby de Irene Montero, personaje que, por fin, nos ha dejado libres de sus obsesiones. Sorprende la utilización de lenguaje políticamente incorrecto al referirse al «pueblo gitano», expresión desechada hace muchos años por la comunidad internacional y reemplazada por pueblo roma o romaní.

Otro punto peculiar de la LOMLOE es la promesa de apoyar la educación concertada y la potenciación de la pública. En Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Portugal y Polonia, la enseñanza pública es responsabilidad del Estado y obligatoria hasta los 18 años (en España sólo hasta los 16). Por consiguiente, cualquier estudiante debería acceder a la enseñanza reglada sin coste alguno. Como el dinero público sí tiene dueño, la parte a la que tiene derecho un alumno quedaría reservada de una forma o de otra. Si asiste a un centro público o concertado, los gobiernos tendrían que poner a su disposición hasta los libros, el transporte y el menú escolar a un precio simbólico; si acude a un colegio privado, ese dinero debería ser entregado en forma de cheque escolar, como se denomina entre nosotros.

La Southern Education Fundation (SEF), nacida hace 150 años para promover y proteger la escolaridad de los afro estadounidenses, ha observado un creciente desvío de fondos públicos a la enseñanza privada mediante donaciones, beneficios fiscales y bonos escolares. Según la SEF, los bonos no mejoran el progreso de los estudiantes, rechazando la decisión del Presidente Trump de ampliar la política de ayudas escolares a centros privados. La alternativa es que el dinero del contribuyente que no se utiliza directamente para cubrir los gastos en una escuela pública sea ingresado en una cuenta educativa cuyos fondos ya tienen destinatarios, sean privados o públicos. Los padres reclamarían su provisión para cubrir los gastos de sus hijos, en el caso de asistir a un centro privado, en la misma proporción que cuesta al Estado una plaza en uno público. El Partido Demócrata no ve con buenos ojos esta iniciativa y posiblemente sea el instigador de que el PSOE y Podemos se hayan puesto en pie de guerra para frenar o abolir la enseñanza privada en España. Según ellos, hay que impedir la privatización de la escuela pública, en contra de lo que propuso, hace ahora 30 años, el premio Nobel Milton Friedman, subrayando la urgencia de cambiar radicalmente el sistema educativo, en el que las instituciones públicas habían dejado de serlo para convertirse en «feudos de funcionarios y sindicalistas». «Los bonos, como la libertad, son el caballo que te lleva a los sitios» (Friedman, 'Public Schools: Make Them Private', 1995).

El imperio de la enseñanza pública hasta ahora no ha servido para acabar con la estratificación de la sociedad, a pesar de que ése es el preámbulo de la ley Celaá. Por el contrario, la fusión de la llamada «educación especial» con la estándar no hace más que nivelar por abajo, mencionando in passim -apenas unos párrafos- asuntos fundamentales como qué hacer con los niños de altas capacidades e incentivar la iniciativa y la competencia.

La LOMLOE plantea tres viejos interrogantes sin resolverlos: 1. Si los padres no desean escolarizar a sus hijos en el idioma regional, su opción es buscar el lugar más adecuado donde la legislación lo permita. 2. El proceso de designación de los inspectores de educación induce a sospechar los nombramientos a dedo por afinidades políticas, como hizo descaradamente el PSOE cuando gobernaba en la Comunitat Valenciana en los años 80. Y 3. El nombramiento de los directores de centros oculta un antiguo proceso de votación asamblearia entre los mismos profesores, que raramente se han involucrado en procesos de formación en gestión de centros. Si realmente cumplieran su función, el servicio de inspección sería superfluo.