El 23 de julio del año pasado se celebraron elecciones generales. El PP sacó 8,1 millones de votos y el PSOE solo 7,8 millones. Pero hace un año, en los primeros compases de agosto, estaba ya muy claro que Núñez Feijóo no iba ... a poder ser presidente y que Pedro Sánchez, por el contrario, tenía todas las de ganar. De ganar... cediendo, transigiendo, pagando las facturas que el independentismo catalán le preparaba; pero de ganar a fin de cuentas la Moncloa, que es de los que se trata si se habla de poder.
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El rey abrió la Legislatura el 29 de noviembre. Y desde entonces hemos vivido unos meses de aúpa. Ocho meses que solo han dado dos momentos fugaces de acuerdo entre los dos grandes partidos: el que permitió reformar la Constitución para eliminar la palabra «disminuidos» del artículo 49, y el que finalmente terminó con el largo bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Durante el resto del tiempo, día por día, el presidente Sánchez ha cosechado 33 derrotas legislativas y solo ha podido hacer progresar un puñadito de leyes. Entre ellas, las muy famosas, controvertidas, espinosas reformas que han llevado a eliminar del código penal la sedición y la malversación y, en última instancia, a contemplar una ley de Amnistía, hecha a la medida de Puigdemont pero que no sabemos si será o no aplicable al mismo Puigdemont con los efectos que él espera.
Como es fácil ver, el balance que puedo ofrecerles este primer domingo de agosto, no es la crónica relajante y veraniega que yo hubiera querido. El lector puede que logre descansar, pero la política no lo va a hacer: la semana que mañana empieza va a ser la del adobo de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña y eso ya saben que lleva aparejada la inmensa traca de un insólito acuerdo fiscal del Estado con Cataluña, un convenio esdrújulo, atrevido hasta lo inconstitucional y, si queremos ponernos en clave moderada, iniciador de una nueva frontera, de un verdadero estado federal adornado con un nuevo Concierto económico específico para Cataluña.
José Muñoz, el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, agobiado por la necesidad de abarcar la sublime osadía de su jefe, intentó decir esta semana que «a lo mejor» esto va a ser «la solución para la financiación». Pero es obvio que una nación occidental seria no puede transformarse -si es que debe, puede y quiere hacerlo-, sobre una base de amaños, conveniencias, pactos unilaterales y conjeturas. España, y dentro de ella la Comunidad Valenciana, necesita, como todas las regiones, no solo una rigurosa igualdad de oportunidades sino un catálogo de seguridades sólidas que garanticen la inversión y el futuro. Pero Sánchez, sembrador de conflicto, lío e inseguridad jurídica, lo que hace es marear, confundir y enfrentar a todos; a José Muñoz el primero.
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Y todo eso, sin hablar de los problemas de su cónyuge...
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