En marzo, en uno de los debates municipales sobre el tema de la vivienda, se dijo que en Valencia hay unas 37.500 casas vacías, ... una cifra que puede ser calificada como muy alta por los que consideran que la escasez es angustiosa en estos momentos. Con todo, una consulta en las redes sugiere que esa cifra es solo una aproximación. Nos movemos en un terreno de incertidumbres.
No, no hay disponible una cifra solvente de viviendas existentes, llenas o vacías. Para saberlo, se usa el padrón municipal. Pero a la hora de la verdad, se maneja un rango de viviendas de todo tipo que va desde las 400.000 al medio millón. Y se le aplica, casi a ojo, un porcentaje estimado de más o menos un 10% de casas vacías.
El asunto de la vivienda es gravísimo, clamamos todos. Pero tanto el periodismo como la política tocamos el violón, tocamos de oído a la hora de excitar a la opinión pública y poner temperatura a un debate que parece serio... sin que sepamos lo que de verdad ocurre. No sabemos bien ni lo que hay. Como en tantos otros aspectos de la vida -salud, educación, asuntos sociales, usuarios de la cultura, vehículos que se mueven en Semana Santa- no hay estadísticas fiables, vamos a bulto, dando palos de ciego.
No se sabe cuántas casas hay y mucho menos cuántas están disponibles, cuántas están vacías por deseo expreso de sus dueños, cuántas se podrían habilitar y cuántas hay que considerarlas inhabitables por ruinosas. Los debates, es obvio, lo politizan todo. En las polémicas recientes, la casa, presente en la Constitución, está siendo considerada ya un derecho fundamental; de modo que se reclaman medidas severas, casi colectivizadoras, que rozan otro derecho en retirada: el de propiedad privada. Socialmente, se puede afirmar que empieza a no estar bien visto tener casas y no usarlas. Aunque una familia quiera reservarlas para sus hijos. Pero respondamos: ¿Se puede comprar un coche, un reloj, un traje, para no usarlo de momento? ¿Y por qué con las casas no ocurre igual?
En esa línea de adelgazamiento del derecho a la propiedad privada, no es raro que los partidos, incluso el partido conservador, ponga un registro bajo en su defensa. Las medidas contra la ocupación ilegal son débiles, difusas, confusas, y no se ve que el Partido Popular quiera cambiar las normas con la decisión precisa. De ese modo, el temor a la ocupación ilegal, e incluso el temor a la extendida mala educación de personas que dan mal trato y deterioro a las casas alquiladas, disuade a muchos propietarios de meterse en el lio fiscal y burocrático que, además, comporta poner en alquiler una casa.
Piénsenlo los ayuntamientos. Y empiecen por lo primordial: una buena estadística...
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