Hace un mes, cuando la Dana llegó, nos pusimos a evocar la Pantanada de 1982, y la gran riada de 1957, en busca de paralelismos y referentes. Pero no nos percatamos de que habíamos tenido cerca las riadas del otoño de 2000. Su historia y ... recorrido son de manual: una larga sequía tenía a la Albufera a dos velas y a la Confederación pendiente del consumo de agua. ¿Les suenan los antecedentes? El riesgo se pudo conjurar, pero el mar estaba muy caliente. De modo que el periódico dio la alerta en portada el 22 de octubre y se puso a llover, cuatro días seguidos, desde Vinaroz a Benidorm, para configurar una riada, un episodio de inundaciones que el periódico calificó como «peor que la del 82».

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Llegaron a caer 500 litros por metro cuadrado y el embalse de María Cristina se desbordó. En su presa se detectó un agujero, cuya reparación no se hizo realidad hasta 2016. El sarcasmo de aquella riada es que llegó poco después de las primeras manifestaciones de los zaragozanos contra el proyecto de Plan Hidrológico Nacional. Pero causaron 50.000 millones de pesetas en daños. Aldaya vio afectado el 60 % de su término, Alaquàs un 40% y Catarroja el 20 %; los tres municipios encabezaron la lista de los que pidieron al gobierno de Aznar una declaración de zona catastrófica que el día 28 aún se esperaba.

En aquel episodio, unos 775.000 usuarios padecieron cortes de agua o luz. La gran suerte es que la inundación fue menor, las alertas funcionaron y no hubo víctimas mortales. Pero también hubo un tornado de acompañamiento, que en este caso arrancó pinos del Saler, poco antes de que la Albufera recibiera todo el sucio caudal del Poyo. Dos redactores, José Manuel Esteve y Paco Ricós, el día 26, informaron de que, a petición de los alcaldes, la obra de encauzamiento del barranco fue declarada urgente por la Confederación en 1996: se le consignaron 13,000 millones de pesetas y se adjudicaron las obras en 1999.

Sin embargo, al llegar la Dana del 2000, la Confederación tenía paralizado el proyecto: la denuncia interpuesta por un colectivo ecologista, por presunto delito medioambiental, dejó las obras arrinconadas sin que llegase a haber orden de paralización judicial. «El encauzamiento del Poyo hubiera evitado el desastre», titulamos sin lugar a dudas.

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Los comentarios de aquellos días dijeron que la gestión de la crisis por la Generalidad había mejorado con respecto a la de 1982 y que las alertas habían sido más eficaces gracias a los avances técnicos. Sin embargo, en ese episodio del 2000 ya se hizo muy patente el escollo que el ecologismo radical representaba para la seguridad y el progreso de todos los valencianos. El lector juzgará si, un cuarto de siglo después, hemos adelantado. Y si el enconamiento político actual no es un verdadero delito añadido...

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