Amenazas a un secretario

Esto no se puede quedar así. Mal está que el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros no se haya sentido concernido por la presión, los ... ataques y las admoniciones que sufrió el secretario de la Diputación Vicente Boquera en el último pleno de la corporación. Pero algo tendrán que decir ante semejante atropello las entidades cívicas, las fallas y las asociaciones de amas de casa o de caza, ya que los partidos, los sindicatos y hasta las agrupaciones de consumidores, como la que comanda el recién designado presidente del CES Fernando Moner, guardan un sospechoso silencio. El encargado de velar por la legalidad de los actos administrativos de la institución no tiene por qué soportar advertencias del calibre de «Me estoy empezando a cansar» (V. Mompó, presidente de la Diputación) o «Esto no puede volver a pasar» (R. Mazzolari, diputada de Carreteras). Lo que no puede volver ocurrir bajo ningún concepto, y menos en el palacio donde se consumaron muchas de las trapacerías que dañaron la imagen y la reputación valencianas, es que el poder político intente mediatizar la labor de un fedatario público. Mazzolari está muy equivocada. Se equivocó al oponerse a la construcción de un orfanato en Llíria y ha mostrado una preocupante vis iliberal ahora. El secretario está obligado a asesorar, controlar y fiscalizar la gestión económico financiera de la corporación a su cargo. Y si dictamina que los enjuagues laborales contemplados en los presupuestos de 2025 son tan innecesarios, embarulladores y recurribles como los precedentes, no hay más que hablar. Roma locuta, causa finita. Lo único que deben hacer los herederos de Imelsa, de Divalterra y de todo lo que cuelga de ambos escándalos es asentir, corregir y callar. Por la cuenta que les trae. Cualquier intento de forzar nuevamente la legalidad en un caserón poblado de zombis y famoso por dar abrigo y sustento a auténticas figuras de la picaresca burocrática, como aquel pajarel que fichaba y se escaqueaba, no hará más que recordar casos y cosas que aún se están sustanciando judicialmente. Se libraron de que la famosa alquería provincial les cayera encima. No tienten la suerte. No aumenten la fama de comedero que arrastra la Batlia. La estadística la delata. «L'Ajuntament dels ajuntaments» cuenta con un jefe por cada tres indios (el total es de 400 y 1.200, respectivamente), excepto en una covachuela concreta, donde hay más mandos (26) que oficinistas (44). Indignarse con Boquera porque les indique que aumentando el número de puestos de libre designación no mejorarán el servicio sólo puede favorecer a los émulos de Trump. Aunque Vox diga amén a todo en la plaza de Manises, son prácticas decimonónicas como ésta las que extienden la creencia de que la solución son las motosierras de Milei y Musk.