Becarios como Francis

Un informe de la Guardia Civil ha venido a confirmar algo que no por sabido ha dejado de escandalizar: que el estilo ejecutivo de Francis Puig se parece más al de la célebre mula de la TV que al de su hermano, el minucioso expresidente ... de la Generalidad. Lo cual no quiere decir que sea de otra pasta, porque en todo lo demás son tal para cual. Francis es un adán, porque hay que ser muy bruto para estar en el punto de mira de la oposición, haber sido sancionado por la CNMC por pactar precios, estar siendo investigado por la Agencia Antifraude y perseverar en el error de justificar las ayudas recibidas con facturas cuadruplicadas y cruzadas, y audiencias de televisión imposibles de alcanzar en una comarca tan despoblada como la de Els Ports. Pero, el 'molt honorable' no le va a la zaga, toda vez que si entre 1995 y 2012, siendo alcalde de Morella, le giró 629 pagos por un total de 408.000€ «sin facturas ni contratos» que los justificaran, entre 2015 y 2023 se notó que manejaba ya más dinero y elevó la cantidad destinada a Comunicacions dels Ports y cía a 625.271€. De los cuales, 400.000 se los endosó en los estertores del Botánico, mientras Eva Ortiz (PP) judicializaba estas deferencias fraternales, un director general de Educación era acusado de falsedad documental y la consejera de la familia retenía la información, etc. Abona esta opinión el hecho de que desde entonces a Ximo (Puig) no se le haya ocurrido nada mejor para justificar tales barridos que parafrasear a Caín. Alegar que no tenía por qué estar al corriente de lo que hacía su hermano. Cuando no ha sido un hermano, sino dos, más el padre, un hijastro, una cuñada, una prima y un abogado los que se han beneficiando de las transfusiones practicadas al conglomerado mediático que primero le permitió alcanzar el poder local y después, el autonómico. Lo peor de todos modos no es el partido que el clan le han sacado a la política de ayudas de las diversas administraciones. Lo peor es que en la Comunidad Valenciana sólo la benemérita ahora y la Intervención el año pasado, en ambos casos a instancias judiciales, se han tomado la molestia de comprobar la autenticidad de la documentación aportada por los adjudicatarios para justificar el correcto uso de las subvenciones, subsidios o becas recibidas. Y, como no me cansaré de repetir, en España se conceden 30.000 millones de euros al año en viáticos. Sólo la mitad figura en la base nacional de datos. El control de la eficiencia y eficacia de las sumas adjudicadas tiende a cero y no existe procedimiento sancionador alguno sobre el empleo indebido que se pueda hacer de ellos.