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Dos de los tres nuevos presidentes de las diputaciones valencianas están desatados. Están tan desaforados que sus rivales no dan crédito a algunas de las medidas que están adoptando. A la decisión de la titular de Castellón Marta Barrachina de declarar la guerra a los ... huertos solares y poner los servicios jurídicos de la de la Diputación a disposición de cuantos ayuntamientos se opongan al establecimiento de esta clase de instalaciones, ha seguido la del responsable de la de Valencia Vicent Mompó de «consolidar una potente red de oficinas comarcales», donde no sólo se gestionen tributos sino que se preste también asistencia técnica y asesoramiento a los municipios. Ni que decir tiene que contraviniendo todo lo sostenido anteriormente por el PP. En un abrir y cerrar de ojos, Mompó ha pasado de sostener, como su grupo, que las comarcas eran la alternativa que la izquierda trataba de implantar para desmontar las diputaciones y aumentar el número de chiringuitos, Isabel Bonig dixit, a mantener que poseen el tamaño ideal para «acercar la corporación al territorio». Un volatín ideológico que desconcertó tanto a la portavoz de Compromís que alegó algo tan contrario a sus planteamientos como que «se solaparán con las mancomunidades y provocarán duplicidades». Todo tiene una explicación y esta inversión de valores políticos no es una excepción. Detrás del cambio de opinión del partido que se opuso a las leyes de Comarcas y de Mancomunidades planteadas por el tripartito laten razones tan patrióticas como las que llevarán a Pedro Sánchez a amnistiar a Puigdemont y cía. Las desvelaba la sincera nota de prensa difundida desde el palacio de la Batlia para comunicar la buena nueva: Natalia Enguix, cuyo voto hizo posible que la Diputación de Valencia cayera del lado del PP, convenció a Mompó de «la necesidad de retomar el proyecto de oficinas comarcales impulsado en 2015 por la corporación presidida por [su jefe de filas] Jorge Rodríguez», comenzando, como era previsible, por Ontinyent. Por dónde, si no, va a empezar a tejer la nº 2 de La Vall ens Uneix esta red. Por su pueblo y el de Rodríguez y demás caídos en la operación clientelar Alquería. La idea, sin embargo, no es suya. Las primeras «asesorías comarcales» las crearon, por este orden, Vicent Soler, jefe de gabinete, y Manuel Girona, presidente de la diputación entre 1979 y 1983. Y duraron lo que Lerma tardó en hartarse de que Soler las utilizara para engrosar las filas de la corriente nacionalista del PSPV. Nadie, en cambio, se fue al paro. Todos sus efectivos pasaron a engrosar las nóminas de la diputación y de la Generalidad tras un polémico concurso oposición, igual que a los del CMH los absorbió el ayuntamiento cuando Zaplana lo suprimió por idéntico motivo en 1999.
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