Dos ejecuciones extrajudiciales

El general Vjeskoslav Luburic fue asesinado en Carcaixent en 1969 en circunstancias tan extrañas como las que rodearon la muerte del capitán ruso Maksym Kuzmínov en la Vila Joiosa. Ambos se habían refugiado en España huyendo de sus respectivos países. Ambos utilizaban documentación falsa. Ambos ... murieron a manos de individuos procedentes del país que habían dejado atrás. Al responsable de la imprenta donde se imprimía la propaganda de la extrema derecha nacionalista croata lo mató uno de sus empleados, un bosnio de origen croata que fue generosamente recompensado a su regreso a Yugoslavia. Como es previsible que lo serán los agentes o sicarios que no se privaron de reivindicar la represalia contra el piloto desertor al emplear cartuchos de fabricación rusa. Y la actuación en ambos casos del Gobierno español ha distado mucho de ser la adecuada. La dictadura se abstuvo de trasladar la menor protesta a Belgrado por el asesinato de un español, Vicente Pérez García lo era a todos los efectos, en territorio nacional. Cabe suponer que para evitar admitir la generosa acogida que dispensó a toda suerte de nazis y fascistas, como era el caso de Luburic, responsable del campo de concentración de Jasenovac, al término de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo es la cautela con que el ejecutivo de Pedro Sánchez está tratando esta ejecución extrajudicial la que resulta más incomprensible por cuanto ha suscrito y secundado todas las sanciones acordadas por la Unión Europea contra la Federación Rusa por la invasión de Ucrania. Y en cambio está yendo con pies de plomo en este caso. El Gobierno, ciertamente, no tenía por qué saber que Kuzmínov había fijado su residencia en la Costa Blanca. «Vino libremente», alegó Margarita Robles. Pero lo mataron en la cochera de su casa el día 13. Las sospechas de que no había sido víctima de un «ajuste de cuentas», como se suele afirmar en las preliminares actuaciones policiales desentendiéndose del estigma que encima se le añade al despenado, comenzaron a aflorar el 19. El ministro de Asuntos Exteriores citó el embajador ruso en Madrid para el martes 20 con el fin de transmitirle el malestar de España por la muerte de Navalni y no se salió del guion. Exteriores (Albares) no se quiso pronunciar el 21 sobre este particular alegando que se trataba de un asunto que afecta a Interior (Marlaska). Y sólo al día siguiente declaró la portavoz del Ejecutivo que Exteriores daría una respuesta contundente si se demostraba la implicación de los servicios secretos rusos. Una prudencia innecesaria habida cuenta la amenaza de muerte que pesaba sobre el aviador, el carácter ejemplarizante de esta clase de represalias en la no suficientemente antigua URSS y la satisfacción con que el jefe del SIE ruso acogió su asesinato.