Aznar no derogó la Ley del Divorcio, ni prohibió la interrupción voluntaria del embarazo. Como Rajoy no hizo tabla rasa con la legislación promovida por Zapatero. Ni, previsiblemente, Feijóo arrumbará todo lo legislado durante el mandato de Pedro Sánchez, si llega a ramos de bendecir. ... A la hora de la verdad se impone la prudencia en todo menos en la enseñanza. Siete normas educativas distintas han promulgado entre el PSOE y el PP desde que la UCD implantó la LOECE en 1980. Por eso más que de lo derogado, retocado y mareado hasta ahora por Carlos Mazón desconcierta lo que pretende mantener, si no ampliar, en una inaudita deriva que le sitúa a la altura del intervencionista Puig. Quieras que no rebajar el impuesto de sucesiones y donaciones y meterle mano al valenciano, ese oscuro objeto de deseo, entraba dentro de todos los cálculos, incluidos los del Botánico, Junts, ERC, 'et alii'. Lo que nadie podía imaginar, aunque la palabra de Stitgler, Friedman y cía haya dejado de ser la verdad revelada para nuestros liberales, es que se dedicara a apuntalar las reversiones promovidas por el tripartito como lo está haciendo, empezando por el engorde de plantillas y terminando por la ITV. Una chapuza que no tardará en servir de ejemplo académico de por qué no deben nacionalizarse servicios que funcionan correctamente en manos privadas. ¿Reducción de la jornada del funcionariado? A todos o a ninguno, Catalá dixit. Ojo, y que todo quede ahí. Porque si la consejera de Industria Nuria Montes no cree que la necesidad de incorporar a la ITV a 214 empleados más es consecuencia del descenso de la productividad y del aumento del absentismo y ambos de la adscripción del personal a la nómina de la Generalidad. Y MªJ Catalá no ha encontrado mejor solución para mejorar el servicio de la EMT que contratar a 72 nuevos conductores, a imagen y semejanza de Giuseppe Grezzi. La idea que la debutante Salomé Pradas se ha sacado de la pamela es de aúpa. Invertir 600 millones de euros en la compra de 400 autobuses de última generación para mejorar el transporte de viajeros por carretera. ¿Cómo? ¿Creando otra empresa pública para hacerle la competencia a Alsa o a Transvía, ahora que MªJ Catalá se propone regularizarle el negocio turístico? ¿Renovándoles la flota? Y en tal caso, ¿a quién y por qué? Es algo que ya se verá más adelante, porque la a todo esto consejera de Medio Ambiente no tuvo a bien entrar en detalles y, lo más llamativo del caso, nadie se los pidió. Razón de más para que a Alfonso Grau se lo lleven los demonios, si no se lo han llevado ya de ver cuántos de sus subordinados han sido rehabilitados y recolocados.
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