Mazón le pega a todo

Yo no soy tan doctrinario como MªJ Salvador (PSPV). A mi no me escandaliza que Carlos Mazón esté sopesando la posibilidad de establecer (más) colaboraciones público-privadas en el transporte o que una empresa mixta explote una terminal, aunque la experiencia de Enrique Ortiz en Benidorm sea nefasta. A mí lo que me tiene intrigado, por un lado, y perplejo, por otro, es que esté orientando discretamente muchas de sus medidas en esta dirección y al mismo tiempo continúe adentrándose en la senda nacionalizadora trazada por Puig. Con variaciones y particularidades tan inexplicables como la recuperación de la gestión de los hospitales de Dénia y Manises pero no así del de Elche. Y el incomprensible empeño puesto en continuar adelante con la absorción de las ITV. Completar la toma a sabiendas de que, en el mejor de los supuestos, lo único que va a conseguir es ahondar y ampliar la magnitud del desastre. Ni que decir tiene que comparto la opinión de la portavoz adjunta del PSPV en el sentido de que el 'molt honorable' debe acudir a las Cortes a explicar qué se lleva entre manos. Pero no porque entienda que está tratando de «hacer una dejación de funciones», sino porque un dirigente democrático no puede ir con misterios (gozosos o de dolor). Ha de aclarar sin circunloquios de qué diantres están hablando el secretario de Transportes, V. Dómine, y él. ¿Van a setas ('trenets') o van Rolex (autobuses)? Porque esta es otra. De lo poco que han manifestado a este respecto no se puede deducir con exactitud por dónde van los tiros. Si atendemos a las sospechas de Salvador llegaremos a una conclusión y si nos dejamos llevar por las apariencias, a otra. Yo, desde luego, he de reconocer que no he visto a nadie más preocupado por la mejora del transporte de viajeros por carretera que Mazón. Ni Joan I. Pla (PSPV), que era del gremio, mostró tanto interés en contribuir a la revitalización de este sector. Desde que Salomé Pradas adelantó que su departamento iba a invertir 400 millones en la compra de 600 autocares eléctricos e híbridos es como si la Generalidad no tuviera otro «destino en lo universal» que este. Está modificando la Ley de Movilidad para que el transporte interurbano pueda utilizar las plataformas, carriles o marquesinas reservados al transporte público colectivo urbano. Ha adjudicado el servicio de transporte metropolitano por 200 millones. Ha denunciado al Ministerio por el impago de una parte ridícula (733.460 €) de su contribución a la reducción del precio de los billetes. Ha movido, en fin, tantos efectivos en esta dirección que uno no puede por menos que preguntarse qué tienen los autobuseros que no tengan los horneros, por citar a unos autónomos que también necesitan renovar el utillaje.