Urgente La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en un popular municipio valenciano y otras cinco localidades

El Consell se está gastando verdaderas millonadas en la lucha contra los incendios forestales y, sin embargo, no es el fuego lo que está arruinando ... últimamente nuestros bosques. Son las plagas las que se están cebando con los pinos debilitados por la sequía y el calor. Alrededor de 1,5 millones murieron el año pasado en la Comunidad Valenciana (CV). Una mortalidad sin precedentes, en palabras de técnicos del departamento de Medio Ambiente. Dato oficial en el que desconozco si se incluyen otras especies arbóreas, como los abetos o los cipreses que se han secado fulminantemente en el calvario alto de Xàtiva. Y, como se comprenderá, no se trata de invertir los términos: aumentar la partida destinada a combatir la proliferación del tomicus y de la procesionaria a costa de rebajar la calidad del servicio antiincendios. Aunque si bien se mira algo sí que se podría hacer a este respecto. Las circunstancias y los antecedentes del sector de la extinción aérea casi lo aconsejan. El aspecto más llamativo de la desarticulación del Cartel del Fuego no es la condena del exconsejero Serafín Castellano por los delitos de cohecho, prevaricación, etc. Son los pactos colusorios que cerraban las ocho empresas que lo componían antes de adjudicarse las contratas de cuatro comunidades y dos ministerios. ¿Cuántos de los 151,5 millones que se embolsó Avialsa entre la primera adjudicación de Zaplana en 1999 y la última, de Ximo Puig en 2017, podrían haberse destinado a hostilizar estas plagas? Muchos. Baste saber que el posteriormente delegado del Gobierno S. Carastellano adjudicó indebida e irregularmente los 1,8 millones; que el coche que los corruptores le regalaron al hijo del director general costaba 86.000 € y que el importe de los tres contratos que ganó y debieron quedar desiertos ascendía a 114 millones. Un dineral comparado con la ridícula suma con que se dotó la emergencia forestal declarada finalmente el pasado mes de octubre. 520.000 miserables euros destinados, fundamentalmente, no al tratamiento del arbolado que se encontraba en peor estado, sino a la tala, descortezado, troceado y triturado de los ejemplares fallecidos en acto de servicio a la sociedad, sin que nadie rezara un responso por ellos. Dicho sea sin la menor ironía. Durante los tres meses justos que duró la simbólica emergencia -concluyó en enero-, el personal supuestamente 'fitosanitario' movilizado por la consejería se limitó retirar 10.400 cuerpos leñosos del parque natural del Montgó y 11.000 de la pinada centenaria de Guardamar del Segura. Una suerte de solución final que contrasta con las medidas adoptadas no por todo un gobierno sino por el Ayuntamiento de Madrid para erradicar el insecto que se está ensañando con los cedros de la Dehesa de la Villa. Un escuadrón de drones y retirada manual de los bolsones de orugas.

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