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La visita de Carlos Mazón a Barcelona ha obtenido, según tengo entendido, un gran éxito internáutico con abundante intercambio de memes, memadas y demás zarandajas propagandísticas. Las valoraciones periodísticas más apasionadas han llegado incluso a afirmar que el titular del Consell quedó como un machote ... al acudir a la guarida del lobo -léase TV3- a pecho descubierto y advertir a la periodista de que le entrevistaba cuál es la denominación estatutaria de la Comunidad Valenciana (CV). El viaje, sin embargo, presenta un serio inconveniente: sienta un peligroso precedente en la relación entre las distintas comunidades autónomas, toda vez que Mazón no se desplazó a la ciudad condal para mantener un encuentro con su colega catalán a fin de debatir asuntos de interés común. El presidente de la Generalidad Valenciana fue a animar a los patronos catalanes a continuar trasladando sus empresas a la CV. Y eso, aunque a simple vista parezca muy bizarro, no puede traer nada bueno. Porque si sin pisarse la manguera económica ni tratar de robarse mutuamente la cartera -El secreto de la aspiradora madrileña de Ximo Puig radica en su condición capitalina-, se ha formado un cafarnaum competencial de considerables dimensiones, a poco que empiecen los ejecutivos autonómicos a meterse en corral ajeno no habrá conllevancia orteguiana que valga. Y el donde las dan, las toman conduce directamente a Gaza, como Hamás y Netanyahu se han ocupado de demostrar nuevamente. Mazón anunció su intención de realizar este tipo de jugada en la conferencia que pronunció en esta casa el pasado 26 de enero. Tuvo un mes y medio, pues, para sopesar la pertinencia o no de abrir este frente interregional. Y ni cambió ni le hicieron cambiar de parecer sus superiores orgánicos. Desdeñó los datos que se publicaron ese mismo día sobre la brecha fiscal que ha abierto la decisión del PP de aplicar rebajas impositivas en los territorios de régimen común. Eventualidad que sí aprovechó el presidente del Colegio General de Economistas Valentín Pich para denunciar el excesivo activismo fiscal autonómico. El informe del REAF constata que no es que ya no queda una sola autonomía que mantenga la tarifa establecida por el Estado, por lo que difícilmente se va a poder armonizar fiscalmente España, es que aplican 991 medidas tributarias distintas. «Se ha configurado un galimatías -añadió Pich- que no tiene ninguna ventaja y no sólo complica la vida a la gente sino al sistema judicial». Una verdadera pena, como bromeábamos una mañana en la tertulia de Juanma Doménech, porque Mazón había acreditado una gran templanza al no reclamar algo que ensancharía el horizonte de su querida provincia, pero alteraría el statu quo autonómico, con todo lo que ello conlleva. La reincorporación a la CV de Caudete/Cabdet y del enclave del Carche/Carxe.
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