En contra del secretario

La estructura organizativa de la Diputación de Valencia fue aprobada con los votos a favor de PP, Ens Uneix y Vox, y la abstención de Compromís. Pero aunque hubiera contado también con el refrendo del PSPV y no sólo CSIF y CC.OO hubieran dicho ... amén, UGT -escuela Lozano- se encogió de hombros, el problema continuaría siendo el mismo. La relación de puestos de trabajo (RPT) es enorme. Crea 31 jefaturas, afecta a 250 empleados, un 25% del total, y aumenta en 3,6 millones el coste salarial de una plantilla que ya consume 83,7 de los 598,6 que maneja la institución. Y, por si esto fuera poco, no contempla una sola de las serias recomendaciones expuestas por el secretario general de la corporación en su informe de valoración de la propuesta. Con todo lo que representa que un fedatario público tan reservado e impasible como Vicente Boquera objete un pero. Y no un pero cualquiera, ni un reparo para curarse en salud. Una enmienda a la totalidad sin precedentes en estos pagos. Un pronunciamiento tan categórico que, aunque sólo fuera por prudencia, debería haber animado a Vicent Mompó y a Natàlia Enguix a reconsiderar algún que otro apartado del documento que han alumbrado porque, insisto, Boquera Matarredona no es un secretario cualquiera. Boquera, a quien en cierta ocasión equiparé al taimado secretario de 'Sí, ministro', ha sido secretario de dos consejeros autonómicos (F. Guardiola y V. Soler) y de nueve presidentes de diputación (a saber: F. Blasco, C. Ródenas, M. Tarancón, J. Díez, F. Giner, A. Rus, J. Rodríguez, A. Gaspar y Mompó). Como secretario del consejo de administración y enterrador de Imelsa y Divalterra, Boquera debe haber visto, además, más zombis que John Carpenter. Y si ante una reforma que ha complacido a tantos partidos y sindicatos, o precisamente por ello, se ha atrevido no a plantarse -no puede permitirse esas confianzas-, pero sí a formular semejante cantidad de advertencias es porque hay razones sobradas para hacerlo. Boquera no se hubiera sentido obligado a recordar a los señores diputados que las modificaciones no pueden «ser arbitrarias», que las designaciones habrán de realizarse «exclusivamente por motivos de idoneidad profesional» y que «es la organización política y no la administrativa la que motiva los cambios en los centros» de trabajo si la dichosa RPT, aun no conteniendo ninguna ilegalidad, no fuera himno a la alegría laboral. Con pasajes tan desinhibidos como el que señala que una de las jefaturas «es susceptible de teletrabajo». El Periandro cervantino dice que cuando «toda razón se atropella no hay respeto que valga ni buen término que se guarde». Boquera, conteniéndose, se limita a avisar de que es el incremento de la burocracia y «la proliferación de departamentos» lo que está dificultando «cualquier cambio».