Un tribunal y una oficina más

Carlos Mazón entró en la Generalidad como los liquidadores de 'Los tres días del cóndor'. Resuelto a cargarse el mayor número posible de chiringuitos montados ... durante el mandato de Ximo Puig. Y, sin embargo, en diciembre votó a favor de la propuesta de Compromís de crear un tribunal administrativo autonómico. Una instancia al parecer imprescindible para no tener que acudir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (con lo a gusto que se van todos a Fitur). Y esta semana pasada anunció la apertura de una oficina de apoyo a la relocalización de empresas que quieran ubicarse en la Comunidad Valenciana. Un desembolso que podría haberse/nos ahorrado sin que se resintiera lo más mínimo la firmeza de su condena a la amenaza independentista de sancionar a la firmas que no vuelvan al redil catalán, ya que la institución que preside cuenta con no menos de tres organismos (teóricamente) dedicados a este menester. El IVACE, el Valencian Investment Desk (VID) y una consejería al completo, la de Hacienda, desde que Ximo Puig aceleró la tramitación de la Ley de Impulso a la Inversión para que todas las atribuciones en este campo dependieran de este departamento y ninguna estuviera sujeta a las veleidades político económicas de Compromís. Y se da la casualidad de que ni el IVACE, ni el VID, ni por supuesto la Consejería de Hacienda como tal figuran en la -demasiado escueta para mi gusto- relación de agencias que se propone suprimir el actual Consell. A las fundaciones es mejor no incluirlas en esta lista negra de organismos y personas jurídicas a extinguir porque las hay que empezaron a cantarles el gorigori en tiempos de Alberto Fabra y aún están en ello. En cualquier caso lo más chocante de este sucedido es que Mazón no pudo evitar demostrar que era plenamente consciente de la contradicción en la que estaba incurriendo al abrir en lugar de cerrar covachuelas, puesto que destinó casi más tiempo a aclarar que no supondrá un gran desembolso que a explicar de qué les servirá la puesta en marcha de «este espacio de diálogo y apoyo jurídico y burocrático» a las firmas evadidas del otrora balneario catalán y a cuantas puedan estar aún interesadas en cruzar el Sènia. El presidente de nuestra Generalidad se justificó alegando que la oficina en cuestión no alterará el presupuesto autonómico porque la atenderán «algunos elementos de apoyo a la competitividad de las empresas». Hombre, algo sí que lo hinchará. Su anuncio ha coincidido con una desinhibida denuncia del exalcalde de Morella, Rhamsés Ripollés. El cierre de dos de las muchas oficinas abiertas en la capital de Els Ports a instancias de Puig se ha traducido en la supresión de seis puestos de trabajo. Y eran simples delegaciones.