De ser tuyo a ser mío

La semana pasada concluyó una de las muchas batallas interesadas -cuál no lo es- que el PP planteó durante el mandato de Ximo Puig: La de la contribución obligatoria de las diputaciones provinciales al Fondo de Cooperación Municipal (FCM). El director general de Administración Local ... de la Generalidad Antoni Such se inventó en 2017 un depósito que le iba a permitir a Puig actuar como un presidente de diputación. Léase: repartir más o menos discrecionalmente favores entre alcaldes amigos, conocidos y saludados e incrementar su haber en el Banco de Favores. A César Sánchez, titular de la corporación provincial de Alicante, única en manos del PP a la sazón, no le hizo mucha gracia la idea. Entendió que en nada le beneficiaría aportar la misma cantidad de dinero que la Generalidad para que luego fuera ésta la que se llevase la gloria. De modo que declinó el ofrecimiento alegando que los criterios de reparto eran discriminatorios y perniciosos para los pequeños y medianos municipios. El Consell decidió entonces incluir el fondo en el articulado de la ley de Medidas Fiscales para que la pertenencia y contribución fuera obligatoria para todas las partes. Y estalló el conflicto en toda su crudeza. El sucesor del exalcalde de Altea al frente de la diputación alicantina, Carlos Mazón, la recurrió ante los tribunales alegando que atentaba contra la autonomía financiera de las corporaciones provinciales, sin otro objeto que el de suprimir más pronto que tarde las diputaciones. Palabras mayores. El Botánico reaccionó organizando diversas concentraciones para denunciar que por su culpa los pueblos de Alicante recibirían la mitad de ayudas que los de Castellón y Valencia. El Tribunal Constitucional desestimó el recurso, a excepción de dos artículos de dicha ley. Uno porque el mencionado fondo difiere del estatal y otro por lo que supone de requerimiento a las diputaciones para que respeten las directrices autonómicas de coordinación. Pero hete aquí que se celebran elecciones locales y autonómicas, los electores le dan la vuelta a la tortilla, el PP se alza con las tres corporaciones provinciales valencianas y, no es que antes de que el TSJCV estime los dos recursos presentados en su día por la Diputación de Alicante contra los acuerdos del Consell para los ejercicios de 2023 y 2024, se reúnen los tres nuevos presidentes y acuerdan sumarse, voluntariamente, eso sí, al otrora indeseable FCM. Es que Marta Barrachina anuncia que triplicará el de Castellón. Una medida que obligó a su colega de Valencia, Vicent Mompó, a incluir en el pleno del martes 21 elevar a 60 millones, 20 más de los previstos, su aportación al referido depósito. En lo que constituye una nueva confirmación de que el aforismo está en lo cierto: «De ser teues a ser meues quantes te'n menjaries?»