Vender vivo al testador

El PPCV está haciendo algo que no hizo el Pacto del Botánico en 2015 salvo en contadas excepciones. Está descorriendo las cortinas y levantando las alfombras que encontró al acceder a la Generalidad. Está develando los errores, trapacerías y posibles excesos cometidos por el tripartito ... durante su mandato. Y no seré yo quien le reproche que tire de la manta porque entiendo que es su obligación. El primer deber de un partido al hacerse cargo de la Administración es revisar sus cuentas. Someterla a una auditoría como se hace en la empresa privada. Y, si procede, demostrar con pruebas fehacientes que la herencia recibida no es todo lo buena que debería ser. Un gobierno no puede escudarse en la herencia recibida cuando lleva un tiempo en el poder y el pasado no es más que una excusa para justificar la inacción, la impericia o la falta de soluciones a la situación encontrada al llegar. Pero en el arranque de un mandato no es que esté plenamente justificado averiguar los bienes, derechos y obligaciones con que está dotado el legado que acaba de recibir; es que sería imprudente aceptarlo sin conocer su alcance. Piensen que sólo en 2022 hubo 5.291 valencianos que renunciaron a heredar porque les salía más caro el caldo que las albóndigas. En resumen, a la oposición le concierne tanto la misión de vigilar, contrastar y denunciar ante los tribunales si menester fuera la actuación del gobierno de turno, como develar al dejar de serlo aquellos datos o documentos que no le fueron facilitados o publicados con anterioridad. Ni que decir tiene que sin que ello suponga necesariamente una judicialización de la política o una marrullería. Ximo Puig prefirió hacer la vista gorda. Correr un tupido velo sobre la gestión de sus predecesores y renunciar a ayudar a juzgar para no ser juzgado. Y Carlos Mazón ha optado por lo contrario: por aventar arcanos de la etapa anterior. Favor que nos hace. El espectáculo pirotécnico que nos está brindando es colosal. No pasa día sin que nos desayunemos con una filtración que será interesada, pero está contrastada. Y cuando no es el cierre del palacio del Marqués de Rafal, adquirido sin otro objeto que poner una pica en Orihuela, por el estado en que se encuentra son los millones que habría costado adaptar el edificio de Correos a los sueños presidenciales, los 17.589 contratos menores adjudicados por la vía rápida, el ancestral descontrol de las empresas públicas o las agencias y chiringuitos creados sin otro objeto que aumentar el número de paniaguados los que nos recuerdan que no basta con crear una consejería y unos portales de transparencia. Es menester que la oposición, la prensa y la justicia cumplan con su deber fiscalizador.