¿De qué está hecha tu fachada?
Nadie sabe cuántos edificios con paredes inflamables hay en España, dónde están ni cuánta gente reside en ellos
Francisco Rodríguez, vicepresidente de Hispalyt y consejero delegado de La Paloma Cerámicas
Miércoles, 9 de abril 2025, 23:43
Los efectos del amianto sobre la salud son ampliamente conocidos. En la década de 1980, comenzaron a implementarse en España las primeras medidas de las ... administraciones públicas restringiendo su uso en la construcción, después de que la evidencia científica demostrase la relación entre su presencia en edificios residenciales e industriales y el desarrollo de diversas enfermedades que han provocado 2.500 fallecimientos desde 2011 en nuestro país.
Las prohibiciones del amianto fueron creciendo progresivamente en las últimas décadas del siglo pasado y, en 1999, la Unión Europea restringió su uso de forma total. Con todo, las diferentes administraciones públicas siguen trabajando para retirar todo el amianto instalado en nuestro país: a finales del año pasado, saltó la alarma en Vara de Quart por la presencia de este material en una nave industrial que estaba siendo derribada.
El loable consenso ciudadano, empresarial e institucional en torno a la retirada del amianto invita a preguntarse por qué no está sucediendo lo mismo con otro grave problema, presente en edificios en todo el país y cuyo riesgo ya se conoce, pero para el cual no existen iniciativas legislativas concretas. Se trata de las fachadas inflamables, un conjunto de diseños que utilizan materiales que arden con facilidad presentes en lo que técnicamente denominamos «la envolvente» de los edificios.
Le invito a que reflexione por un momento sobre con qué materiales se han construido su casa, su lugar de trabajo o el centro donde estudian sus hijos. Lo más probable es que no sepa cuáles son. Es paradójico el amplio desconocimiento sobre materiales de construcción en nuestro país, donde seleccionamos hasta el último detalle del acabado de un coche.
Nadie sabe cuántos edificios con paredes inflamables hay en España, dónde están ni cuánta gente reside en ellos, pero la realidad ha demostrado el altísimo riesgo que supone vivir o trabajar en construcciones cuyas fachadas se componen de materiales combustibles. Casos como el de Campanar o la Torre Ámbar de Madrid son ejemplos devastadores del efecto que resulta de un desconocimiento general, y por lo tanto una inacción de las administraciones públicas, para retirar estos materiales y sustituirlos por alternativas resistentes al fuego.
Recientemente, el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio señalaba en una jornada la urgencia de detectar los edificios equipados con fachadas inflamables y retirar estos materiales. No es ninguna ocurrencia: los datos demuestran que la propagación de incendios es hoy seis veces más rápida que en 1950. Otros países europeos ya han iniciado acciones orientadas a este fin, con Rumanía incorporándose el último a la lista.
Es necesario que las administraciones tomen partido ante esta bomba de relojería arquitectónica. El ejemplo paradigmático que deberíamos seguir es el de Reino Unido, que ha desplegado un ambicioso programa de ayudas públicas para detectar los edificios cuyas fachadas están construidas con materiales con riesgo de incendio y sustituirlos por otros más seguros.
Para ello, es imprescindible revisar el Código Técnico de Edificación para que garantice el uso de materiales seguros y resistentes al fuego, tanto en fachadas como en interiores. Un ejemplo son las soluciones cerámicas: el ladrillo, que lleva acompañando a la humanidad desde el albor de la construcción, cuenta entre sus virtudes con la de ser ignífugo y resistir a variaciones extremas de temperatura.
Hablamos de un material que no sólo es resistente al fuego. A diferencia de otros materiales utilizados en fachadas, no arde, no emite humos tóxicos ni contribuye a la propagación de un incendio. Y, al mismo tiempo, su huella de carbono inferior a la de otros materiales y sus cualidades de aislamiento energético son un aliado de cara al cumplimiento de la normativa medioambiental.
Identificar los edificios en riesgo, establecer ayudas para su rehabilitación y exigir normativas más estrictas no es solo una cuestión de regulación, sino de seguridad y responsabilidad pública. La divulgación, proveniente no ya de las instituciones sino del propio sector que advierte de este riesgo latente, es el primer paso a seguir para lograr un cambio que se materialice en acciones concretas para atajar el problema.
Es fundamental que la ciudadanía entienda el riesgo de las fachadas inflamables e impulse un cambio de actitud por parte de las administraciones. Según los últimos datos del gobierno británico, son ya más de 5.000 los edificios con fachadas inflamables detectados y la mitad ya han recibido una subvención para sustituir su revestimiento. Sin embargo, en España sigue pendiente atajar esta situación. Estoy convencido de que desde el sector constructor sabremos estar a la altura de cualquier necesidad a este respecto para garantizar la seguridad de nuestros hogares.
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