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El pánico es el estado de la pérdida de control. De lo que se dice y se hace. En mi vida profesional he pillado a dos personas en ese punto catatónico. El más claro, el caso del expresidente de la Federación de Fútbol de la ... Comunitat Valenciana Vicente Muñoz, que me contó y cantó por soleares los beneficios que sacaba su agencia de viajes por el cargo que ostentaba. Muñoz me cogió el teléfono en el tránsito que había entre la entrada de la Guardia Civil a la sede del fútbol valenciano y su visita al cuartelillo para declarar. Me contó tantas cosas que al final le tuve que decir que parara porque con lo que tenía era más que suficiente. Me dio pena, la verdad. El otro caso fue con uno de los hermanos Adell Bover, no sé si Enrique o Juan, que sin medir las consecuencias fue el que me desveló que a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, también lo habían pillado pactando precios en un concurso de À Punt y lo habían expulsado del proceso. Yo iba detrás del tema, tenía cosas atadas pero no tenía el nudo hecho. Aquel Adell Bover me puso en la dirección correcta. No lo hizo adrede, no era su estrategia, sino que el pánico provocó que buscara una salida fácil y que el apellido Puig igual le echaba un cable, una vez más, sin darse cuenta de que aquel fue el primer paso de un caso que hoy sigue ocupando portadas de periódicos. Los Adell Bover han sido los paganos de este asunto. El PP abrió fuego y desde el Consell del Botánico sacrificaron a los peones y protegieron al hermanísimo del expresidente de la Generalitat. La política es así. Y mientras Puig esquivaba la polémica familiar, a los Adell Bover, desde la conselleria de Marzà (Compromís) se le pedía el retorno de las subvenciones. En este proceso, a los socios de Puig se les ha ido la empresa y la familia. Un peaje muy alto. Mientras sus productoras han tenido que cerrar, en Morella se ha seguido contratando con la administración pese a que había una orden no ejecutada de que estas empresas no deberían cerrar adjudicaciones públicas. Ahora, casi cinco años después de este proceso, el TSJ ha dictaminado que los Adell Bover no deben devolver más de 170.000 euros de varias de las ayudas que recibieron durante el Consell del Botánico porque la reclamación para el retorno se registró fuera de plazo. Marzà no presentó a tiempo la petición de reintegro de la subvención y los Adell Bover, con la ley en la mano, han evitado el pago. ¿Error o intencionalidad? Desde luego chapuza. Lo que resulta poco creíble es que la excusa sea que no había personal en la conselleria para darle curso a la orden y reclamar en plazo. Los políticos a veces toman a sus ciudadanos por tontos y lo peor de todo es que estos temas, muchas veces, quedan en nada. Las empresas que forman el cártel de las productoras, con Francis Puig como cabecilla, han ingresado más de un millón de euros de los valencianos. Un dinero que no hay excusa que lo soporte.
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