La cita previa, herramienta de exclusión

Uno de los sectores más flagrantes en este abuso ha sido el bancario. Entidades que operan con nuestro dinero, que deben su existencia a la confianza de sus clientes, han limitado el acceso a sus servicios a niveles alarmantes. No basta con acudir a la sucursal: es necesario adaptarse a sus horarios reducidos, gestionar una cita previa por internet o teléfono -cuando hay suerte- y someterse a condiciones impuestas sin opción de réplica. Para muchos, especialmente personas mayores o sin conocimientos digitales, cobrar una pensión o resolver una simple duda se convierte en odisea.

No son los únicos. Las eléctricas, por ejemplo, han seguido la misma senda: menos oficinas, más apps. Y los centros de salud, lejos de recuperar la atención previa a la pandemia, mantienen sistemas de cita previa rígidos. Incluso la administración -que debería ser garante de los derechos de todos- ha abrazado esta tendencia con entusiasmo. Trámites que antes requerían una visita al mostrador hoy exigen formularios, claves digitales, certificados electrónicos y, por supuesto, paciencia infinita.

Lo más preocupante es la permisividad del Gobierno y de las instituciones ante este retroceso. En lugar de actuar como garantes del acceso universal y del trato digno, toleran -cuando no promueven- este modelo de exclusión. La llamada modernización se ha convertido en coartada para desmantelar la atención presencial. Mientras, se ignora a los colectivos más vulnerables, aquellos sin acceso a dispositivos o conocimientos tecnológicos.

La digitalización puede ser una herramienta útil, pero nunca una barrera. El derecho a ser atendido y a recibir un trato digno debe ser irrenunciable. Lo contrario es permitir que la comodidad de unos pocos pase por encima de los derechos de la mayoría. Así es la vida.