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El problema del retraso en la Justicia se resolvería en gran parte con la dotación de medios a los Juzgados, cuestión que no ha sido abordada con decisión por ninguno de los Gobiernos de la democracia. La conclusión es unánime por parte de los jueces ... y magistrados con los que he tenido ocasión de dialogar sobre el asunto que, en mi opinión, aparece grave en España dado el retraso excesivo en causas importantes, tanto en la instrucción como en el dictamen final, lo que provoca, como he expresado otras veces en estas líneas, perjuicios en la vida profesional, social y económica de los imputados y procesados.
Viene esto a cuento como consecuencia de leer la información de Juan Sanchis en LAS PROVINCIAS «El atasco judicial en la Comunidad se agravó en 2023 al dejar un total de 383.000 asuntos judiciales pendientes, lo que supone un 15,1 por ciento más que el año anterior. Eso, a pesar de que ha habido 707.115 asuntos resueltos, un 2,2 por ciento superior a 2022. También aumento el número de asuntos registrados, el 4,8 por ciento más que en los doce meses anteriores
Algo de razón deben tener los magistrados cuando nunca se acometió en serio la reforma de la Justicia en el sentido material a pesar de que, allá por los años 80, un estudio del Gobierno de Felipe González cifró la solución en 750.000 millones de pesetas (uno 4.800 millones de euros). Una cantidad importante, pero nimia si comparamos con los millones defraudados por los implicados en los ERE de Andalucía, los Pujol, los Koldo y demás depredadores del erario.
Desconozco el montante necesario en la actualidad, pero me gustaría que un Gobierno se empeñara en acometerlo y solventarlo, de tal forma que no pueda llegar a tener razón aquel personaje de la película «Acción civil» al afirmar«un juzgado no es el lugar idóneo para buscar la verdad. con suerte puedes encontrar algo que de algún modo se parezca a la verdad. Si realmente buscas la verdad, acude a donde está, a las profundidades un pozo sin fondo».
La resolución de este problema pendiente se hace aún más necesaria cuando, por desgracia el pillaje emerge como algo usual -ya no sé si inevitable- en esta España. Cada día es más común ver el delito como anáfora constante en lo público. El mismo lunes, Burguera informaba en este periódico «El 80 por ciento de las compras sanitarias auditadas por la Sindicatura de Cuentas en la pandemia, presenta irregularidades, advirtiendo además del caos en los controles para la contratación de mascarillas y material que parte quedó sin usar no era apto o se compró empresas durmientes». Así es la vida.
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