Sentencia de especial importancia

Así queda patente en el fallo de la Audiencia precisando que «no hubo trama de corrupción en la adjudicación del centro telefónico de la Diputación a la empresa Servimun» y que afirma taxativamente: «... el juez de forma consecuente, por tanto cuidó muy mucho especificar la finalidad de su objeto que no sería otro el de recuperación estricta del material documental allí entregado en fechas recientes precisando, igualmente que debía evitarse cualquier inspección de sistemas informáticos y que debía limitarse a la incautación a documentos y archivos directamente relacionados con los hechos que se investigan».

De ello se deduce que no es cierto que la sentencia valide el registro referido al 'caso Erial', el que afecta al exministro de Trabajo y otros. Más aún, la UCO tuvo en su poder los «papeles del sirio» seis meses durante los cuales investigó antes de facilitárselo al juez quien, en lugar de abrir una nueva pieza (se interpreta que por dudas en la legalidad) decidió enviarlo a reparto, sistema que decidió dárselo al Juzgado 8.

Esta interpretación precisa que, como no se solicitó la ampliación de la autorización judicial al descubrirse «los papeles del sirio», según Rogelio «la consecución de las pruebas es ilícita, así como todo lo demás que de ello se derive».

Es evidente que habrá debate sobre el asunto pero, si he de inclinarme hacia un lado, no lo haré del Ministerio Público ni la UCO. Menos cuando leí el 'varapalo' que el magistrado lanza al fiscal Pablo Ponce y a la UCO señalando que no hay una sola prueba que hable de instrucciones o indicaciones de Alfonso Rus para montar el 'call center' de la Diputación frente a las duras acusaciones de la Fiscalía, que hablaba de la «existencia de un grupo organizado supuestamente liderado por Alfonso Rus», una acusación que según el juez carecía de prueba alguna, a la vez que le recuerda «las acusaciones no son una cuestión de fe sino de pruebas». Así es la vida.