Insultos, pugnas... y sin ayudas

La frase. No estuvo afortunada la portavoz y vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, al lanzar la advertencia a los sindicatos de que las aportaciones ... económicas que reciben -que no subvenciones como matizaba el presidente de la CEV, Salvador Navarro- o contar con liberados son incompatibles con las descalificaciones recibidas por el presidente Mazón en el congreso del PSPV de hace una semana. Como tampoco lo estuvo el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, al calificar al jefe del Consell de «caradura» (entre otros adjetivos). Ni un insulto -especialmente en un discurso público- es de recibo ni tampoco lo es una amenaza pronunciada por un representante político. Eso a pesar de que, como apuntaba Navarro, «toda acción tiene una reacción», como se ha comprobado en un asunto que nunca debería haber sucedido por aquello del respeto y la lealtad institucional y de que, bajo ninguna premisa, se debe caer en la descalifación personal. Ni aun cuando el contexto derivado de la gestión de la dana del 29 de octubre provoque que el malestar hacia la clase política se haya agudizado. Una situación que enturbia una relación Consell-sindicatos-patronal y que, hasta ahora -con sus más y sus menos como en toda relación- ha sido ejemplar en aras de un buen diálogo social. Eso a pesar de las discrepancias en el ámbito nacional a cuenta del SMI o la reducción de la jornada laboral, como últimos ejemplos. Desde la pandemia de Covid existía una 'entente cordiale' que incluso se destacaba como singular de la Comunitat. Se logró con el Botánico y se había mantenido con Mazón (la última reunión fue el 24 de enero), incluso calendarizando agenda y temas. Que se recupere esa cordialidad depende de sus protagonistas, que deberían anteponer el bien de los ciudadanos a los intereses partidistas-sindicalistas. Y desde luego no es la mejor despedida para el líder de UGT, que no optará a una nueva reelección y cuyo papel en la secretaría general se había caracterizado por el trabajo, la discreción y una defensa de los intereses valencianos, apoyando la reforma de la financiación autonómica o defendiendo aquellas infraestructuras «que sirvan para crecer en términos de riqueza y empleo», como alegaba a cuenta de la ampliación norte del puerto de Valencia.