Alerta roja. Salió el sol de nuevo y todos respiramos, dejando atrás el temor por la última alerta. Una situación que provocó tres jornadas ... de suspensión de clases y dos de atenciones sanitarias programadas, cancelación de eventos y reuniones, desempolvar de nuevo el Zoom e, incluso, quedarse en casa y renunciar a un día de trabajo por el miedo -inevitable no sentirlo- dado que los permisos climáticos establecidos por el Ministerio de Trabajo se fijan ante «la imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acceder al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso». Y, con excepciones, eso no ocurrió, aunque es cierto que muchas empresas activaron el teletrabajo y fueron flexibles con la situación de sus plantilla, incluso modificando horarios de trabajo. Pero todo quedó en manos de una decisión privada, por lo que se dio el contraste de universidades cerradas y centros comerciales abiertos (eso sí, con menos afluencia de lo habitual). Sin entrar a cuestionar lo acertado o no del nivel de alerta, si hubo o no una sobreprotección, urge definir mejor los protocolos de actuación ante estas situaciones a las que, por otro lado, debemos empezar a acostumbrarnos (llámelo cambio climático). Ahí, por ejemplo, habría que preguntar a la Administración (léase el ministerio de Yolanda Díaz) cómo se están adaptando los convenios colectivos, si ya cuentan con el protocolo de actuación obligatorio ante fenómenos meteorológicos adversos o qué hay del decreto que debe abordar la protección de los trabajadores frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral. Todo ello medidas incluidas en el Real Decreto-Ley aprobado el 28 de noviembre. Han pasado ya más de tres meses. Y las lluvias no piden cita en el calendario.
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Indemnizaciones. Reconoce el ministro Carlos Cuerpo en una entrevista en este periódico que cada día que pasa sin que una empresa reciba ayudas es «un día que llegamos tarde», reconociendo la lentitud de los primeros meses y anunciando que se espera tener el 95% de los expedientes gestionados a finales de abril. Lo que implica que en algo más de un mes (y vienen Semana Santa y Pascua) se deberá dar un empujón fuerte a las reclamaciones de comercio e industria, donde los porcentajes todavía rondan el 50% y el 40%. Precisamente este lunes pisan Valencia los responsables del Consorcio, por lo que es de esperar que se resuelvan dudas y se dé la certidumbre que necesita el tejido productivo para volver a levantar persianas y acometer inversiones.
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