Caos, solidaridad e indignación

La dana del pasado 29 de octubre ha sido una catarsis que ha vapuleado el territorio, las instituciones y las conciencias, dejando al descubierto la fragilidad e impotencia frente a las catástrofes humanitarias y medioambientales.

El glosario concatenado de despropósitos -retraso en la emisión de las alarmas, descoordinación generalizada, tardanza en la movilización de recursos y del ejército...- dibuja un escenario apocalíptico, con un saldo de más de doscientas víctimas mortales.

Los constantes reproches entre las diferentes administraciones evidencian tanto graves disfunciones organizativas del Estado como carencias morales de la clase política. Su corolario un estrepitoso fracaso de las autoridades implicadas, en cuanto a la prevención del desastre, la reacción ante la crisis y la asistencia a la población afectada.

Resulta inconcebible que en el siglo XXI, cuando Europa dispone tanto del programa Copérnico que permite monitorizar por satélite en tiempo real el avance de las avenidas, como del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, no existiera desde el primer momento coordinación alguna en las operaciones de rescate.

Con las inundaciones de Polonia, Rumanía y Austria por la tormenta Boris, las anteriores del Danubio o los seísmos de L'Aquila y Amatrice, el auxilio de los demás países de la UE a los damnificados y a las localidades arrasadas fue inmediato. Sin embargo aquí los militares españoles tardaron cuatro días en atender las llamadas de socorro y llegar a la zona cero.

Frente a la inacción gubernamental, la ciudadanía dio ejemplo de bonhomía y solidaridad, movilizándose miles de voluntarios. Fueron especialmente jóvenes apenas equipados y lo que es peor, mal dirigidos por quienes tenían la responsabilidad de conducir los trabajos y restaurar la normalidad.

Es necesario dar un giro copernicano a la situación, cartografiar con rigor los riesgos de avenidas, corregir los errores y afrontar el futuro conscientes de la hostilidad del entorno para poder minimizar los daños ante otro episodio de lluvias torrenciales.

Cuatro son los pilares que han de cimentar la recuperación, la seguridad y la supervivencia de las poblaciones asoladas por la dana: rescate económico, construcción de infraestructuras, planificación urbanística, reforma y simplificación burocrática.

Lo prioritario son las personas, sus familias y deben ponerse los medios para que puedan rehacer sus vidas. Hay que elaborar un plan de choque asistencial en vivienda y empleo, ayudar a las empresas para que continúen su actividad y minimizar la destrucción del tejido productivo.

Es hora de pensar en un desarrollo sostenible, armonizando ecología y bienestar económico. La construcción de infraestructuras hidráulicas de protección y salvaguarda -canalizaciones, embalses, azudes...- no debe paralizarse ni por intereses particulares ni por motivos partidistas o sectarios.

La gran riada de 1957 marca un antes y un después en la extensa crónica de desbordamientos del río Guadalaviar, ampliamente documentada desde época medieval. De hecho el Jardín del Turia es una imponente creación artificial acotada por los pretiles del viejo cauce, que durante siglos levanta la 'Fàbrica Nova del Riu' para mejorar el drenaje del agua y reforzar las defensas en las orillas.

Entonces el parque móvil valenciano rondaba los cincuenta mil vehículos; hoy los coches arrastrados por la marea de lodo y barro superan los cien mil. Lo que fue un símbolo del progreso en los años 60 se desvanece en los impactantes cúmulos de automóviles apilados en Sedaví, que radiografían la magnitud de la tragedia.

Asusta pensar qué habría sucedido si no se hubiera ejecutado el Plan Sur, una colosal obra de ingeniería de más de once kilómetros de longitud, desde Quart de Poblet hasta el mar, y una capacidad nominal de evacuación de 5.000 m3/s.

Entonces el arquitecto Fernando M. García Ordóñez fue el protagonista e ideólogo de un revolucionario proyecto urbanístico, la Gran Valencia en cuyo ámbito se levantarían más de cuatro mil viviendas: barrio Virgen del Carmen, grupos Elcano, Unión Naval de Levante, Malvarrosa...

Hoy se precisa igualmente un ambicioso plan territorial supramunicipal, que defina un modelo urbano -comunicaciones, usos, logística, crecimiento...- para las zonas inundables, preserve la estructura hídrica -azudes, barrancos...-, reconstruya el paisaje natural dañado y prevenga futuras calamidades meteorológicas.

Es necesario modificar leyes como la LOTUP, Planes de Acción Territorial como el PATRICOVA, el de la Huerta, el Forestal... y diseñar un marco jurídico más racional y menos complejo burocráticamente. Con los actuales tiempos de elaboración legislativa, se precisaría al menos una década para redactar un nuevo Plan y poder comenzar a llevarlo a cabo.

Poner fin al actual caos organizativo, plagado de duplicidades y disfunciones generadoras de enormes deseconomías de escala, es esencial. Hay que reducir el tamaño y coste de las innumerables empresas y administraciones públicas, cuya obsolescencia y escandaloso nivel de ineficiencia han quedado suficientemente acreditadas.

La prensa internacional haciéndose eco de lo acontecido ha amplificado el daño reputacional de la marca Valencia, pues la respuesta fue más propia de una nación del tercer mundo que de la octava economía de Europa.

La gestión de la catástrofe habría sido diferente de haberse utilizado correctamente los sistemas de alerta temprana disponiéndose de un mando único. Pero además es esencial contar con personas inteligentes, responsables y cualificadas para enfrentarse con éxito a situaciones excepcionales.

¡Ojalá se aprenda la lección!