Esta semana hemos abierto el melón de cuatro años más con Pedro Sánchez como presidente de la nación. Lo hemos hecho con la sensación ... de que su continuidad en la Moncloa se produce a costa de todo y pasando como una apisonadora sobre lo que, hasta antes de las elecciones, eran líneas rojas infranqueables con la Constitución como muro de contención. Ahora hemos cambiado de muro para levantar otro de unas dimensiones preocupantes. Una muralla que parece querer separar a los españoles en dos grandes bloques en los que, quien está en el lado contrario, nos lo retratan como alguien desalmado. Un país sin términos medios -sin grises- en el que, unos y otros, olvidan una variante: que ante una viscosa ideologización, ante el atroz 'todo por el poder' y ante el aplastante interés personal que arrasa con todo, hay una enorme comunidad de ciudadanos, tan desencantados con su clase política y con los partidos a los que representan, que optan por la indiferencia y el hastío. Y lo hacen por fatiga, con la sensación de haber sido engañados y defraudados.
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La renovación del alquiler de Sánchez en la Moncloa tendrá un coste altísimo para el conjunto de españoles. Mayor o menor, eso sí, dependiendo de dónde vivas. Porque, la nueva temporada del líder socialista en la presidencia, se inicia con el reparto del pastel ya hecho. Un reparto que, a la fuerza, será desigual y estará impregnado de decisiones -como la Ley de Amnistía- que harán tambalear la división de poderes, someterán a la Constitución y azuzarán la crispación.
Mirándonos el ombligo, abstrayéndonos de esa visión global, en la Comunitat podemos decir que las luces rojas ya se han encendido. Primero, por las sospechas -que veremos si acaban materializándose o no- de que la reducción de la deuda sea desigual en unas autonomías y otras. Y, de la mano, que la infrafinaciación siga lastrándose cuatro años más de manera humillante para los valencianos. Segundo, por los temores muy asentados de que las zancadillas a la ampliación del puerto de Valencia, en beneficio del de Barcelona, sean continuas (camufladas bajo el velo del tejido burocrático). Tercero, porque tras lo vivido la legislatura anterior con el conflicto del agua -gobernando Ximo Puig-, se antoja una tremenda utopía que Sánchez facilite una solución. Cuarto, porque la colaboración estatal a la hora de facilitar la llegada de empresas e inversiones extranjeras a la región, reluzca por su ausencia sólo por la falta de afinidad ideológica entre las administraciones y por los 'debes' con otras regiones. Quinto, porque la factura por los desplazados sanitarios se siga sin cobrar. Sexto, porque el plan de Cercanías y el eterno Corredor Mediterráneo, que parecía salir del túnel, se queden, de nuevo, durmiendo en la oscuridad. Y séptimo -aunque podríamos enumerar muchas variantes más-, porque los presupuestos estatales respecto a nuestra autonomía -que ya castigaron en su momento a la provincia de Alicante, por poner un ejemplo genérico, o al Palau de les Arts, por concretar en algo- sean aún más perjudiciales para nuestros intereses. Y que eso nos pase porque el trozo del pastel que nos debería corresponder hay que darlo a quienes le apoyaron y/o porque no les interese dar oxígeno a un feudo de los populares.
Estas son algunas de las muchas cuestiones que urgen resolver en la Comunitat pero que, en buena parte, están en manos de Sánchez, que es quien tiene la potestad de abrir o cerrar grifos. Cuestiones que afectan tan directamente al bienestar de los ciudadanos que se debería tener en consideración que, un castigo por parte de Moncloa hacia nuestra región, tendría efectos directos sobre los valencianos.
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Evitarlo, es fundamental. Para ello, hay que pedir al presidente que esté a la altura. Pero, más allá de él, hay que pedirle a los valencianos que le rodean o pueden tener (aunque sea mínima) influencia sobre las decisiones del Gobierno que se fajen y trabajen de lleno por evitar una discriminación que, de nuevo, pueda machacar a una tierra que es, por mérito propio, uno de los grandes motores demográficos, sociales, económicos y culturales de España. Quizá, la autonomía más comprometida con el país y su desarrollo. Diana Morant, Ximo Puig, Pilar Bernabé, José Luis Ábalos o Alejandro Soler son, cada uno en su ámbito -¿ministra? ¿senador? dirigentes de peso...-, nombres claves del PSPV sobre cuyos hombros recae la responsabilidad de evitar que la temida marginación nos afecte. Tienen, todos ellos, la oportunidad de demostrar su compromiso de forma palpable y constatable con su tierra. Pueden ser, sin duda, un escudo ante la discriminación.
Al tiempo, a Carlos Mazón y a los suyos se les debe pedir una gestión responsable que, pasada la sobreactuación de la investidura, sirva para reforzar puentes o alianzas que, más allá de cuestiones ideológicas, permitan a esta tierra seguir creciendo. Tocará tensionar, sin duda, pero también lo contrario, cuando haga falta. Todo debe depender de la respuesta y actitud de Moncloa.
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Sánchez hauria de parlar en valencià. Però no la llengua -que tampoc estaria mal-, si no parlar amb codi valencià. Perquè la nostra és una autonomia vital per al pais, necessària per al seu futur i absolutament compromesa amb Espanya. (Que no és el més habitual en els temps que corren). És el moment, sens dubte, de reivindicar la marca valenciana.
Es domingo, 19 de noviembre. «Es difícil hacer que alguien entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda». Upton Sinclair
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