Cuando todavía lamentamos la caótica gestión de la Covid-19 -que alcanzó incluso tacha de inconstitucional- y criticamos ahora, llenos de dolor y rabia, la ... respuesta de las autoridades estatales y autonómicas a las gigantescas y trágicas inundaciones del 29 de octubre en diversos puntos de la geografía española, parece razonable que nos cuestionemos si el actual modelo de organización territorial de España ha conducido a un indeseable Estado inoperativo o ineficiente. También si nuestras Administraciones públicas, más allá de los notables esfuerzos individuales de sus funcionarios, necesitan una puesta al día, una revisión a fondo de su régimen jurídico para hacerlas, en caso necesario, una herramienta útil y expedita.
Nuestro Estado de las Autonomías nace del artículo 2 de la CE y de su Título VIII («De la Organización Territorial del Estado»). Es tan importante este Título que la literatura científica de los comienzos de su vigencia vaticinó que el éxito o fracaso del Estado de las Autonomías dependería, justamente, de la buena o mala construcción del modelo. Por ello, a los cuarenta y cinco años de vida del Estado autonómico, estamos en condiciones de sacar conclusiones. Lo primero que podemos afirmar es que el tipo de organización territorial del Estado, sea centralizado o descentralizado, es algo accidental, no esencial al mismo, y, por tanto, se trate de un modelo u otro no se sigue de ahí que estemos ante una organización territorial «progresista» u otra «retardataria». Cada Estado trata de conformarse bajo el modelo que mejor le cuadra. Italia, por ejemplo, sigue el modelo autonómico; y Francia, en cambio, uno fuertemente centralista.
En el caso español hay un origen de tipo netamente político para el reconocimiento del derecho a la autonomía territorial, confesado por algunos protagonistas de la generación que elaboró la vigente Constitución, y fue satisfacer la aspiración de autogobierno ampliamente sentida por ciertos territorios y fuerzas políticas, fundamentalmente nacionalistas. Se creyó, generosa e ingenuamente, que esos partidos políticos, particularmente vascos y catalanes, guardarían lealtad constitucional a cambio de disfrutar de un amplio autogobierno. Como se sabe, no ha sido así, y hoy la integridad territorial del Estado corre un alto riesgo de ruptura.
El caos competencial, las tensiones entre Administraciones, las disfuncionalidades y conflictos originados por los distintos niveles de atribuciones, más las deslealtades hacia el Estado, se vislumbraron tempranamente. Lo prueba la preocupación por aprobar la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico de 1982, cuyos propulsores fueron la UCD y el PSOE, temerosos de una deriva inconveniente del edificio autonómico. La Ley fue impugnada ante el TC por partidos nacionalistas, y el TC, en una, en mi opinión, equivocada sentencia de 1983, desactivó el buen fin de la citada Ley que no era otro que la coordinación y armonización de órganos y competencias del Estado y de las Comunidades autónomas. Ello dio al traste con la loable intención de evitar el galimatías y la selva competencial en que hoy está convertido este polémico y, al parecer, insatisfactorio modelo de organización territorial de España, que se ha apartado de su filosofía primitiva por la deslealtad de unos y la negligencia, incompetencia y espurios intereses de otros.
La imparable y jeroglífica degradación del Estado autonómico español no trae su causa del modelo en sí, seguido en otros países. Me atrevería a decir que proviene de los ejecutores del mismo, nuestra clase política: falta de preparación y conocimientos para entender qué es la autonomía; de un atroz partidismo rayano en el sectarismo; de la grosera manipulación y atribución de competencias; del abuso en el ejercicio de las mismas, y, repitámoslo, de la deslealtad al modelo constitucional que llevan a cabo, con total impunidad e irresponsabilidad, los nacionalistas y separatistas. Éstos últimos, para escándalo, socios del actual Desgobierno sanchista.
El resultado de esta deriva autonómica, cada día más disparatadamente confederal e ineficiente, conduce a la necesidad de simplificar, de revisar el modelo organizativo de la CE de 1978 y, por supuesto, la jungla estatutaria y legislativa que envuelve y recae sobre cada acto, cada decisión, que, sea de una autoridad del Estado o de una autonómica, se ven en la necesidad de sortear, surgiendo una litigiosidad patológica entre ellas.
En consecuencia, la respuesta a los acontecimientos extraordinarios que se han presentado -y que han requerido la urgente actuación de las diferentes autoridades y Administraciones públicas- se ha visto condicionada, retardada, incluso mermada, por las disfunciones normativas y las duplicidades competenciales del actual ordenamiento jurídico que rige las relaciones interterritoriales. Sin olvidarnos de los dislates que se oyen en boca de algún importante responsable que se empeña en actuar bajo la inconstitucional fórmula de la 'cogobernanza'. Así, diluye su responsabilidad.
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