Lo llaman autogobierno

Anécdotas como esta son las que justifican, por si alguien todavía mantiene dudas, la necesidad de proteger el autogobierno frente a algunas derivas recentralizadoras que se observan en el Gobierno de Sánchez. Al presidente del Gobierno, y en particular a su vicepresidenta y ministra de Hacienda, se le vienen escuchando reproches a esas CCAA que reclaman más financiación y, sin embargo, bajan sus impuestos. La ministra y líder del PSPV Diana Morant ha replicado, como no podía ser de otra manera, el planteamiento. Sin entrar a destacar que también el Consell de Ximo Puig bajó impuestos en la recta final de 2022 -con ese aroma que desprenden todas las medidas que se adoptan a pocos meses para una cita electoral-, lo más preocupante de todo es ese concepto que se intenta sostener desde el Ejecutivo central de que 'usted me pide dinero, pero reduce sus ingresos al bajar impuestos'. Perdón, perdón, en todo caso, un gobierno autonómico baja sus impuestos porque esa decisión se encuentra entre sus legítimas competencias. Y lo que el Gobierno debe de procurar es que en 'su' reparto de los fondos públicos no haya regiones sobrefinanciadas y otras infrafinanciadas. Porque entre estas últimas, por cierto, la Comunitat Valenciana ocupa un lugar destacado.

Pasa con los impuestos, con la financiación, pasa ahora con la vivienda, con la ley educativa y hasta con la de concordia. Una cosa es garantizar que una norma autonómica no invade competencias reservadas para el Estado. Y otra muy distinta utilizar los resortes de la administración central para limitar el autogobierno de una CCAA.

Un buen amigo aplica una lógica irrefutable para justificar la defensa del autogobierno. Es que, de lo contrario, viene a subrayar, las decisiones sobre dónde se construye un centro de salud se tomarían en la Castellana. No parece que un despacho a 300 kilómetros de distancia vaya a conocer mejor, ni a tener más sensibilidad, con las necesidades e inquietudes de los valencianos que la propia administración autonómica. Sin entrar en ese matiz que supone dar por seguro que, a la vista de las prioridades del actual Gobierno, esta creciente recentralización pretende poco más que poder pagar a los socios de turno sus favores parlamentarios. A Junts, si mantiene su apoyo a Sánchez en el Congreso, y a ERC, si presta sus votos a Illa en el Parlament. Y el resto de autonomías -con la excepción de Madrid, pero sólo para mantener vivo el pulso con Ayuso-, pues ya si acaso que esperen.