La prórroga de la jubilación forzosa. Una oportunidad para la universidad

A este respecto, hace unos meses se elevó a los Ministerios con las competencias de Función Pública y de Universidades, e igualmente al de Seguridad Social, una propuesta de permitir una prórroga, siempre voluntaria, en la edad máxima de jubilación del profesorado y del personal investigador a tan sólo dos años más (esto es, hasta los 72 años), en un documento que apoyaban más de 600 profesores y profesoras de universidades y del CSIC. Entre ellos, varios premios nacionales de investigación en distintas ramas del conocimiento, investigadores e investigadoras altamente citados en sus ramas de conocimiento por la comunidad internacional, así como cargos y ex-cargos académicos, incluyendo rectores y rectoras. Conviene insistir en que esta propuesta tenía un carácter plenamente voluntario para quien solicitase dicha prórroga. Además, proponía que la última palabra en el ejercicio de su autonomía se diera a cada universidad y centro de investigación, donde se la valoraría afirmativamente sólo si se entendía que el solicitante podía continuar realizando una aportación valiosa y clara al desempeño de su institución. Por ello, estaría bien lejos del conocido «café para todos».

Se trataba de una iniciativa que vimos muy positiva, pero siempre que dicha ampliación fuera acompañada inexorablemente por una decidida política de incorporación de jóvenes talentos. Sirva como ejemplo el Programa Nacional María Goyri impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y las Comunidades Autónomas para la incorporación de profesorado Ayudante Doctor en las universidades españolas y que va a suponer la incorporación de 5.636 nuevos profesores.

Se debe recordar y tener en cuenta que la edad máxima de jubilación actual del profesorado e investigadores, situada en 70 años, se fijó hace décadas y desde entonces la esperanza media de vida de la población española ha aumentado en más de diez años, con el consiguiente impacto en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que también se vería favorecido por la propuesta.

Por ello, es fácil entender el hecho de que haya países, como EE.UU., en los que desde hace ya bastante tiempo se permite la ampliación voluntaria de la vida laboral en ocupaciones con baja exigencia física. De hecho, incluso en España se permite la jubilación en el sector privado y en determinados cuerpos de la función pública hasta los 72 años, como ocurre con los magistrados, jueces, registradores y notarios entre otros.

Los hechos y cifras en países que utilizan este tipo de medidas testimonian y desmienten algunos falsos mantras acerca de que ello no sea compatible con la incorporación de los jóvenes talentos. Así, en un conocido informe de la Universidad de Stanford de las profesoras Alicia H. Munnell y April Yanyuan Wu se indica que es una medida positiva y que no minora las oportunidades de creación de nuevos empleos.

Se trata, pues, de impulsar distintas medidas, como aquellas de las que acertadamente hablaba hace un año el anterior Ministro de Función Pública D. José Luis Escrivá, y hoy gobernador del Banco de España, que proponían favorecer el incremento de la fuerza laboral, entendiendo que no se trata de un ejercicio de suma cero en el que necesariamente hay siempre que retirar a unos para que otros se puedan incorporar al sistema. Estabamos totalmente convencidos de que los actuales ministros D. Oscar López y Dª Diana Morant verian también de forma muy positiva una medida como dicha propuesta.

Por ello queremos expresar nuestra satisfacción al conocer la propuesta de alargar la jubilación forzosa de los funcionarios hasta los 72 años, que como enmienda al Proyecto de Ley de Función Pública pretende presentar el grupo socialista y que confiamos reciba el respaldo de la mayoría en el Parlamento.

Deseamos que pueda llegar a buen puerto. Sin duda, merece la pena intentar un óptimo aprovechamiento de los recursos públicos en beneficio de un sistema donde se ha invertido muchísima financiación y trabajo que han dado lugar al gran intangible de un capital humano altamente especializado que necesita muchísimos años para llegar a adquirir ese grado de experiencia y que ahora, no parece recomendable desaprovechar. Sobre todo, si cuenta con la conformidad de las propias personas que libre y voluntariamente deciden permanecer en el sistema para seguir contribuyendo de forma beneficiosa, y así, seguir devolviendo a la sociedad todo lo que el sistema público ha invertido en ellas.