Tolerancia cero

Apenas mes y medio después de haber sido nombrado, el Consell procedió ayer a aprobar el cese del subsecretario de Justicia, Luis Manuel Martín Dominguez, tras conocerse que no había informado de una sentencia condenatoria por violencia de género en 2011. Al parecer, a raíz de un tormentoso proceso de separación y una disputa con su ex mujer por la vivienda familiar, el ya ex alto cargo aceptó de conformidad la sentencia del juez, que le impuso 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad. En el proceso de designación del segundo escalón de la Administración, Martín no habría informado de todo este caso a su consellera –Elisa Núñez, titular de Justicia a propuesta de Vox–, que el enterarse ha alegado una absoluta pérdida de confianza, proponiendo al presidente Mazón la destitución inmediata de su subsecretario.

Es el segundo escándalo relacionado con la violencia doméstica que afecta al partido de Abascal en la Comunitat Valenciana, después del que salpicó al candidato en las elecciones autonómicas, Carlos Flores, sobre el que también pesaba una condena anterior, lo que provocó que fuera vetado para entrar en el Consell por el socio mayoritario de la coalición, el PP, y que su partido le buscara una salida lo más airosa posible presentándolo como cabeza de lista en las generales del 23 de julio.La tajante decisión adoptada muestra la voluntad del Consell de Mazón de mostrarse inflexible y ejemplar en un tema tan delicado. Una cosa son las discrepancias lingüísticas, si se llama violencia machista, de género o familiar; o los lemas de las pancartas, motivo de discrepancia entre los partidos de izquierdas y de derechas; pero lo que no admite discusión es que una persona que ha sido condenada por maltrato a su ex pareja, y que encima lo ha ocultado durante el proceso para el nombramiento del equipo de confianza de una consellera, no puede ocupar un alto cargo. Todo condenado tiene derecho a la reinserción, sea por un delito menor o incluso por uno de extrema gravedad. Si ha cumplido la condena que le fue impuesta, puede reintegrarse en la sociedad y empezar desde cero. Pero de ahí a que desempeñe una responsabilidad en la Conselleria de Justicia media un abismo insalvable. Marín debería haber sido consciente de este impedimento y, al menos, haber informado del antecedente. Al no hacerlo así cavó su propia tumba política. En apenas un mes y medio.