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Aunque suene raro, no es frecuente que nuestros dirigentes reivindiquen el derecho a la vida. A menudo, solo lo vemos en un discurso pro-vida ... relacionado con el aborto o con la eutanasia, es decir, en boca de dirigentes conservadores que reclaman a las autoridades la salvaguarda de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Al margen de eso, resulta más fácil encontrar a un político reclamando una muerte justa que exigiendo la protección del derecho a la vida. Como si éste fuera una prerrogativa de la derecha y su cuidado, viejos tics de entidades religiosas.
Ésa, seguramente, es la razón por la que me sorprendió leer que el Síndic de Greuges denunciaba que las autoridades valencianas no fueron capaces de proteger el derecho a la vida de los ciudadanos el 29 de octubre. Es cierto. De, al menos, dos centenares de personas, lo es sin remedio y con mucho dolor. Otra cosa es que el origen de esa ineficacia con resultados trágicos haya que buscarlo en la ineptitud, falta de medios, carencia de visión o dejadez. De ello se encarga la Justicia y lo determinará cuando tenga que hacerlo. Pero no solo fracasaron protegiendo el derecho a la vida de las víctimas mortales. También de los demás que se salvaron no por la acción de unos dirigentes capaces de trazar planes de prevención y de atención inmediata en caso de catástrofe, que no los hubo, sino por el sacrificio de otros, por su bondad o su empatía y por sus propias fuerzas que les sostuvieron.
Es una denuncia poderosa porque a nuestros políticos se les llena la boca hablando de derechos y de cómo su gestión es capaz de ampliarlos año tras año cuando están en el gobierno. Se refieren a acceder a becas, a ayudas sociales, a una jornada laboral más reducida o a una vivienda adecuada. Nadie habla del derecho a la vida. Se da por hecho. Hablan de educación, de sanidad, de vivienda o de prestaciones sociales porque la vida es el presupuesto básico que solo se cuestiona para el no nacido. Sin embargo, es la primera obligación y aquella cuyo descuido afecta a lo más importante. Por eso, la prevención de las catástrofes debería ser siempre una prioridad de gobierno. Y de la oposición. Así, indica Ángel Luna que todos los grupos deberían unirse para que la reconstrucción no fracase. Me impresionó también esa idea. Estamos tan inmersos en la guerra política que no nos planteamos esa posibilidad tan preocupante, que la reconstrucción fracase. Sin unir fuerzas y colaborar, corremos ese riesgo del que ya hemos sido advertidos. Algo me dice que vamos de cabeza al error.
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