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Aunque el caso de Podemos quedó en nada, la posibilidad de que Pablo Iglesias e Irene Montero hubieran encargado a una asesora que cuidara de ... sus niños hizo temblar, en primer lugar, al partido. Ese modo de proceder, propio de quien se siente tan por encima de los demás que puede tenerlos como «chicos para todo», se ha relacionado siempre con la derechona despótica al estilo Miranda Priestly, pero no con los representantes de la izquierda más asamblearia e igualitaria del país.
Al final, el juez archivó la causa porque no había elementos que llevaran a confirmar esa hipótesis y más de uno en la formación morada respiró tranquilo. Después del chalet, eso y la credibilidad de los parias de la tierra habría quedado demasiado en entredicho.
Lo malo es que vuelve la maldición del asesor sobre el gobierno de coalición progresista. En esta ocasión, con el matrimonio presidencial. Por un lado, Begoña Gómez, con una asesora dedicada, al parecer, a tareas profesionales de la mujer de Sánchez ajenas a su rol de Primera Dama, y, por otro, David Sánchez, el hermanísimo, trabajando codo con codo con otro asesor de la Moncloa antes de que éste dejara su puesto en el Gobierno, según cuentan las crónicas periodísticas. Son casos que están investigando los jueces no solo por el tráfico de influencias, sino también por el riesgo de malversación. Haber utilizado recursos propios para sus respectivas carreras profesionales sería una gravísima acusación. No todo son sobres o bolsas de basura con dinero. Hay otros modos de «enriquecerse» que no implica tocar dinero sino usar lo de todos para beneficio propio. Sea un asesor o un Falcon.
Veremos cómo terminan estos casos pero resulta inevitable preguntarse no solo por la responsabilidad de quien se excede pidiendo al personal de una institución que haga cosas que no le corresponde, sino también por la de quienes aceptan el trato. Es cierto que, en ocasiones, cuando se trata de un subordinado, no es fácil rebelarse ante el jefe. Imagino a la asesora de la Moncloa escribiendo el email a las empresas con las que Begoña Gómez quería contactar y pensando en que eso no era de su competencia. No es fácil levantar la mano y decir que no, y me pregunto si existen suficientes mecanismos o canales éticos, con la necesaria privacidad, para denunciar un abuso de ese tipo. En el caso de que lo haya habido. Cosa distinta es estar convencido y asumir las consecuencias habiendo podido negarse sin represalias. Proteger a los trabajadores en esos casos es también ofrecerles vías seguras para negarse.
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