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Desde que estrenamos democracia en 1978 no se había cuestionado tanto la independencia del poder judicial como lo han hecho los gobiernos de Pedro Sánchez y sus socios. Desacreditar a quien te investiga o a quien resuelve en contra de tu opinión e intereses hace ... mucho que dejó de justificarse en la libertad de expresión. Un ataque cada vez más frecuente y subido de tono para deslegitimar a uno de los tres poderes del Estado que supera todos los límites de lo aceptable. Los señalamientos públicos -incluso con nombres y apellidos- y los desfases verbales a quienes instruyen causas que incomodan al entorno del Ejecutivo no solo son maniobras de distracción para desviar el foco, sino un embate contra la configuración misma del Estado y la separación de poderes.
Asistimos con estupor a una manera de gobernar hostil y maledicente que no se da en ningún otro país europeo, contra quienes tienen el mandato constitucional, articulo 117, de administrar una justicia que «emana del pueblo y se administra en nombre del Rey». Una demostración más de la constante huida hacia delante de Sánchez desde que llegó al poder: Acusar a quien te juzga para no ser juzgado socialmente y esconderse tras la figura de los jueces para no dar explicaciones. Sin duda todo un ejercicio de escapismo para el que cuenta con colaboradores necesarios en eso que también llegó con su mandato denominado lauwfare: Pablo Iglesias y la cúpula de Podemos, Puigdemont, Junqueras y el independentismo catalán, Bildu, portavoces y ministros como Patxi López o Bolaños y hasta llegar a él mismo en su condición, nada menos, que de presidente de Gobierno.
Sea en una conversación informal con periodistas -que siempre se prepara previamente para colar mensajes- o no, el titular del Ejecutivo no puede hablar de conspiración de togas ni de falta de independencia del poder judicial. Precisamente él que nombró a Dolores Delgado, Conde Pumpido, Álvaro García Ortiz y que usó en un asunto privado a la abogacía del Estado para querellarse contra un juez. Es el estilo de la casa; atacar para no explicar nada. Ni media palabra en el mismo corrillo de los escándalos que le amenazan. Afasia absoluta con los asuntos de Aldama, Ábalos, su mujer, su hermano o la red de corruptelas en torno a él.
Ningún presidente había llegado tan lejos trasmitiendo que la tutela judicial efectiva es una entelequia por mucho que lo diga la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde aquí todo el respaldo y respeto para unos profesionales que precisan de un ministro de justicia que alguna vez salga a defenderles.
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