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Hace justo un año, las tractoradas eran la imagen de las carreteras de nuestro país. Varios días seguidos de protestas para denunciar la difícil situación que atraviesa la agricultura y el sector primario. Una parte esencial de nuestra economía, que un año después, sigue igual ... de asfixiada y no solo por un cambio climático que se mueve en los extremos, o sequía o inundaciones -solo con la dana, 1870 millones de euros en pérdidas-, sino principalmente, por culpa de factores que son totalmente subsanables como aranceles y gravámenes, la entrada de plagas, la competencia desleal desde otros países y los márgenes comerciales tanto en origen como en los puntos de venta.
Una situación que es especialmente crítica entre los pequeños y medianos agricultores a los que el campo apenas les da para subsistir. Y es que, por mucho que desde 2013 lo prohíba la legislación, parte de ellos trabaja a pérdidas, viéndose abocados a abandonar las tierras o a buscar salidas, en el mejor de los casos, con cultivos y variedades que sean más resistentes y menos necesitadas de inversión en productos fitosanitarios, plaguicidas y agroquímicos. Sin relevo generacional en las explotaciones familiares, los datos durante el año pasado certifican la gravedad de la situación con 176.446 hectáreas de campos de cultivo abandonadas.
Decía el conseller Miguel Barrachina que «garantizar el relevo generacional» es un objetivo prioritario del Consell y que se trabaja en bajar la presión fiscal y en mejorar las estructuras agrarias (como las hidráulicas) «para favorecer la incorporación de jóvenes», a lo que el president Mazón añadía un componente más reivindicativo desde Berlín, la exigencia de tener igualdad de condiciones con otras regiones de Europa y países terceros desde la Política Agraria Común (PAC) y el Gobierno de España, a la vez que propiciaba una alianza estratégica con Andalucía, Extremadura y Murcia para establecer un frente común de la «huerta de Europa» que se reivindica ahora de manera conjunta.
Dejando las adscripciones políticas a un lado, parece sensato reclamar mayores controles en frontera, el fin de la manga ancha para la agricultura extracomunitaria y de la burocracia innecesaria y una política de agua que sea realmente justa y solidaria. A lo que podríamos añadir una política 'verde' sensata y sostenible que se deje de extremismos y un compromiso ciudadano mucho mayor con las gentes del campo. Son muchos años luchando por una agricultura digna, que reparta juego sin tener las cartas marcadas, en igualdad de reglas y con mayor visibilidad social. Porque los agricultores, además de esfuerzos e inversiones, necesitan esperanza y futuro. Se debe y se puede invertir el axioma que establece que antes se vivía del campo y ahora se agoniza en él.
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