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Esta tarde habrá manifestación por el derecho a una vivienda. Cerca de 200 colectivos recorriendo las calles de la ciudad exigiendo a todas las administraciones atender de manera urgente el derecho que nos asiste constitucionalmente, artículo 47, de «disfrutar de una vivienda digna y adecuada». ... Y poco o nada debería importar la tendencia partidista de la convocatoria o el activismo de los participantes cuando se está ante una crisis de oferta y de precios como no se recordaba. Hay asuntos que están muy por encima de las ideologías y este es uno de ellos. Vuelve a palparse el mismo malestar social que condujo al movimiento del 15-M.
Los datos sustentan la creciente ola de indignación popular que se está viviendo. Más de 3 millones de personas viven en España en situación de vulnerabilidad habitacional, tanto en alquiler como en compra. Un drama que afecta principalmente a una población, que aun trabajando y percibiendo un salario, no puede hacer frente a los pagos o no encuentra un hogar a precio asequible. Como el 40% de los jóvenes que viven con sus padres por la imposibilidad de pagar un alquiler y las 400.000 familias de clase trabajadora que están en situación de impago. Casi 60.000 de ellas terminarán con una orden de desahucio.
Y parece claro que para avanzar hacia un modelo de vivienda más justo y accesible que frene la escalada alcista -el alquiler en la Comunitat ya se mueve por metro cuadrado entre 11-12 euros y en la compra entre 1.500 y 2.000 euros- urge tomar medidas a varios niveles y la solución se antoja vasta y compleja. Todo lo que no se ha hecho en años anteriores, ahora ya es urgente. Como aumentar, drásticamente, la construcción de vivienda pública VPP, tanto para venta como para alquiler social, en la línea de las 1.500 que licitará el Consell a final de año, la liberalización de suelo desde los ayuntamientos de los municipios más tensionados, regulando los incrementos de precios de los alquileres sin menoscabo de los derechos de los propietarios, eliminando la comisión inmobiliaria al comprador o al arrendatario o ampliando los incentivos fiscales, las ayudas directas o los avales públicos para la compra de una primera vivienda puestos en marcha este año.
Todas ellas y en su conjunto irían por el buen camino. Justo lo contrario a ocurrencias suicidas promovidas por colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de dejar de pagar los alquileres, aunque bajo ellas trasluce un descontento social generalizado que no debe infravalorarse en modo alguno. La historia nos ha dejado sobrados testimonios de lo que puede suceder cuando no se atienden las necesidades, reales, de la población. Dicho queda.
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