Una quita y el mismo abandono

Por mucho ruido mediático que genere el anuncio y por más declaraciones de las ministras Alegría y Montero avivando la polémica, el Ejecutivo central -conocido por su falta de miramientos para mantenerse en el poder- vende una solución que no lo es. Más que un acto de justicia, parece un peaje político para contentar a los independentistas, no un compromiso real con la igualdad entre comunidades. Ni es una decisión técnica, ni ha sido consensuada ni debatida con el resto de autonomías o partidos.

¿Es esto justicia o solo otra jugada electoral? Nadie puede dudar de que estamos ante una decisión arbitraria y oportunista, como lo fueron la amnistía, la reforma de la sedición o la futura cesión del control de fronteras. En este caso, la medida parece estar especialmente dirigida a Andalucía y la Comunitat Valenciana, regiones que Sánchez ansía recuperar con dos ministras como futuras candidatas. Mientras Cataluña recibe un trato de favor, otras comunidades siguen esperando equidad. Un simple intercambio de cromos, sin cambios en el sistema ni en las reglas del juego, que vuelve a abandonar a los valencianos con absoluta deslealtad.

La Comunidad Valenciana necesita justicia financiera, no favores temporales, claramente insuficientes frente a los 25.000 millones de euros que actualmente adeudamos. No es caridad, es justicia. Como bien resumía Ulpiano: «La justicia es dar a cada uno lo suyo.» Hasta que el Gobierno no afronte una reforma seria y estructural del sistema de financiación autonómica, seguiremos dependiendo de gestos arbitrarios y acumulando deuda para financiar los servicios públicos esenciales que la Generalitat presta a sus ciudadanos.

Incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) insiste en la necesidad de medidas estructurales y de control, para evitar que la condonación se convierta en un simple cambio de manos de la deuda. En términos coloquiales, asistimos al juego de los trileros: te distraen moviendo la bolita (la deuda), te hacen creer que ha desaparecido, pero solo ha cambiado de cubilete.¿Y quién termina pagando? Como siempre, los ciudadanos.