Mazón y las víctimas, equilibrio imposible
Su relación con los afectados resultará crucial en su futuro político. Pero qué se les puede decir a las familias que han padecido una monumental cadena de errores
Las víctimas constituyen la pieza principal de todo este escenario postdana. Un elemento indispensable en cualquier ecuación de futuro con independencia de si la incógnita ... es económica, social o política. Valencia no saldrá adelante si no lo hacen los familiares de los 228 fallecidos. El PP almacena en su hemeroteca errores de bulto en la gestión del material humano y, por tanto, de enorme sensibilidad. El accidente de metro de 2006, con 43 muertos y 47 heridos, fue un inexplicable ejercicio de cómo una administración no debe actuar con las víctimas de una catástrofe. El ninguneo del Gobierno Camps -desde el Palau se deslizó que estaban politizadas- estalló con aquel programa de La Sexta donde Juan Cotino lamentablemente firmó unos segundos para la historia de la televisión al hacerse pasar por su hermano.
Y eso al margen de la investigación judicial, de escasa consistencia, con archivos y reaperturas y que finalmente se cerró con condenas mínimas y la retirada de acusación de la Fiscalía contra la exgerente de FGV. Siempre dio la sensación de que existía un interés en que la causa no podía cerrarse sin responsables. En fin... historia judicial valenciana. El presente resulta similar al panorama de aquella etapa. Unas diligencias judiciales en marcha y un presidente, Carlos Mazón, claramente acorralado. El líder del Palau es consciente de que una de las claves de su supervivencia -difícil incluso si se supera esta asignatura- es el delicado equilibrio que se establezca con las víctimas. El pasado jueves Mazón dio un paso al frente y recibió, de manera inesperada para los medios -se ignora si fue algo premeditado en la sala de máquinas del Palau- a varios afectados. Más tarde, anunció que se reunirá con todos.
Existen 228 víctimas mortales de la dana, pero los afectados, personas que han sufrido lesiones o daños materiales se cuentan por varios centenares. Las particularidades de la catástrofe -diferentes municipios y el elevado número de fallecidos- hacen imposible que este colectivo se pueda politizar. Existe una transversalidad ideológica en esa multitud. Imposible de vincular a uno u otro lado del tablero político. Y además todos forman parte de la causa judicial. No ocurrió lo mismo con el accidente de metro. Asunto diferente es que la gestión de algunas asociaciones les lleve a perder legitimidad, de momento, ante la Generalitat. Por ejemplo, ¿por qué dos de las asociaciones de víctimas están representadas por personas vinculadas a Compromís? ¿No se pudo encontrar otro portavoz sin ese sesgo partidista? Quizá fue la inexperiencia o la precipitación.
Mazón, que es un político muy habilidoso en las distancias cortas, reaccionó en su momento con las víctimas del tren de Bejís, causa judicial todavía de incierto recorrido. Se reunió en el Palau y les adelantó que la Generalitat colaboraría económicamente con las víctimas. De igual modo, los afectados por el incendio de Campanar disfrutaron del apoyo gubernamental. Pero claro, aquello no tiene nada que ver con esto. Y su implicación o, mejor dicho, su ausencia en el día decisivo le coloca ya, a él personalmente en una posición realmente incómoda. ¿Y qué hará ahora, cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo establecer un equilibrio no perjudicial con todos los afectados? ¿Cuál es el mejor formato para este tipo de encuentros? ¿Uno multitudinario? ¿Reuniones de menor tamaño? ¿Y qué se debe decir allí?
Por un lado mantener el relato de la negligencia gubernamental, pero sin olvidar la asunción de errores de su Gobierno y propios. Y hablar de las ayudas, del esfuerzo, del futuro y de la reconstrucción. Conjugar esta espiral de emociones y el relato político se antoja una tarea ardua incluso para el mejor coach, orador, conferenciante o psicólogo. En manos de Mazón, un presidente acorralado y con la oposición de su propio partido, parece un reto descomunal. Tanto como agotar la legislatura. Pero ya lleva cinco meses de resistencia en el Palau.
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