Bastante ha tardado en estallar el grave problema que ocasiona la vivienda en nuestro país. Si es que se le puede llamar estallido a lo vivido en las últimas semanas, porque dada la situación en torno a este tema el cabreo general debería ser monumental. ... No solo entre la gente más joven, que es obvio que es una parte de la población a la que el asunto le afecta directamente. Pero no la única. La escasez de oferta y los elevados precios, tanto para alquilar como para comprar, tienen consecuencias para todos y tarde o temprano nos acabará afectando.
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Lo más llamativo de los últimos días han sido las reacciones de los que en teoría pueden hacer algo para que la cuestión cambie. No tanto por sorprendente -estamos curados de espanto-, sino por desalentadora, porque a juzgar por las declaraciones y medidas conocidas esta semana no están enterados de la magnitud de la tragedia ni de las soluciones que podrían emprenderse.
Se han comentado mucho las interacciones en redes sociales de algunos miembros del ejecutivo actual o de partidos con representación en las Cortes, como si no estuviese en sus manos empezar a desatascarlo. «Dejad de tuitear y gobernad», les dicen con toda la razón del mundo. La vicepresidenta Yolanda Díaz escribía a propósito de la manifestación del pasado domingo: «Miles de ciudadanas y ciudadanos salen hoy a las calles de Madrid para reclamar soluciones al problema más grave de nuestros días. Es hora de actuar: frenar la compra especulativa y bajar los alquileres. Casas para vivir y no para especular». Imagino la cara de asombro de muchos afectados al leer el mensaje. No es para menos.
Cuando leen y escuchan los reproches se escudan en las capacidades repartidas entre las diferentes administraciones. Es verdad que el Estado central no tiene competencia directa en materia de vivienda. ¿Entonces para qué se creó un ministerio específico de esta materia? ¿A qué se dedica la ministra encargada? El margen de maniobra del Gobierno es limitado, pero existen campos en los que es posible intervenir, como en la regulación de los alquileres. Y seguro que hay más opciones para actuar.
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La potestad en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda corresponde a las comunidades autónomas, lo que significa que ningún partido puede mirar hacia otro lado. El que no gobierna en un lado, gobierna en otro y si no es ahora lo ha hecho antes. Y el panorama es igual de complicado en todos los lados -en Valencia, Madrid, Bilbao o Toledo-. No valen excusas. Ninguna gestión sirve de ejemplo, en ningún territorio del país. Los que han hecho algo ha sido insuficiente y los que han pasado continúan en esa línea. Pero si siguen así se les volverá en contra. El consenso en torno al basta ya es generalizado. Muchas papeletas en las próximas elecciones se basarán en esto.
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